Permisos energéticos avanzan mientras sigue el litigio
Mientras la autorización ambiental permanece detenida, el proyecto sí ha avanzado en el ámbito regulatorio energético.
El pasado 29 de mayo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) otorgó a Amigo LNG un permiso para realizar actividades de almacenamiento de gas natural con una vigencia de 30 años.
“La actividad de almacenamiento permisionada consiste en recibir gas natural licuado propiedad de terceras personas en los puntos de recepción de su sistema, realizar la medición, conservar la calidad y cantidad, conservarlos en depósito, resguardarlos y devolverlos a la persona usuaria o a quien ésta designe, en los puntos de entrega determinados en su sistema”, señala el título del permiso.
Ese mismo día, el regulador también autorizó un permiso para la actividad de licuefacción de gas natural, cuya vigencia será de 15 años.
Para Cabrera, ambos permisos no debieron otorgarse antes de que existiera certeza sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
“Debería estar vinculado tener primero los permisos ambientales, que sepan que es viable el proyecto, antes de tenerlos en términos energéticos o económicos”, sostuvo.
El caso de Amigo GNL no es aislado. En los últimos meses, diversos proyectos de inversión en México han enfrentado una creciente oposición de comunidades locales y organizaciones ambientalistas, que han recurrido a recursos legales para frenar o modificar su desarrollo. Uno de los ejemplos más recientes es el muelle que busca construir Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, cuya ejecución también ha encontrado resistencia por los posibles impactos sobre el ecosistema arrecifal y las actividades económicas de la comunidad.
La judicialización de este tipo de proyectos refleja el mayor peso que han adquirido las comunidades y los colectivos ambientales en la definición del futuro de obras de infraestructura, energía y turismo.
Aunque empresas y gobiernos suelen destacar las inversiones, la generación de empleo y el impacto económico de estas iniciativas, los grupos opositores han encontrado en los procesos de consulta y en los recursos legales mecanismos para influir en su viabilidad, al grado de retrasar durante meses o incluso años la ejecución de proyectos multimillonarios mientras los tribunales resuelven los litigios.
En el caso de Amigo GNL, Cabrera sostuvo que las declaraciones del gobierno estatal y de la empresa sobre la existencia de todos los permisos no corresponden con la situación jurídica actual del proyecto.
“Aunque en la narrativa tanto el gobernador Durazo como la empresa han pronunciado que tienen todos los permisos, eso es falso”, afirmó.
La activista estimó que la resolución del juicio de amparo podría extenderse hasta por un año, lapso durante el cual, dijo, no debería avanzar ninguna etapa del desarrollo de la terminal. De mantenerse ese escenario, el calendario de la empresa, que prevé iniciar operaciones durante el segundo trimestre de 2028, dependerá de que el litigio concluya y de que posteriormente pueda obtener la autorización ambiental pendiente.
