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Olinia subiría 3,400 pesos con estándares mínimos de seguridad como bolsas de aire y frenos ABS

Especialistas estiman que incorporar equipo básico de seguridad elevaría el precio de Olinia en 3,400 pesos y piden una regulación específica para evitar riesgos y distorsiones competitivas.
Olinia subiría 3,400 pesos con estándares mínimos de seguridad
Olinia, el proyecto de micromovilidad, no contará con bolsas de aire. (Presidencia)

La incorporación de estándares mínimos de seguridad al proyecto Olinia, el minivehículo eléctrico impulsado por el Gobierno de México, elevaría su precio alrededor de 3,400 pesos, un incremento que especialistas consideran razonable frente a los beneficios para la protección de ocupantes y usuarios vulnerables de la vía.

Expertos en seguridad vehicular también advirtieron que el lanzamiento del vehículo deberá ir acompañado de una regulación específica para esta nueva categoría de movilidad, diseñada para el mercado mexicano. La norma, señalaron, tendría que equilibrar la seguridad sin elevar excesivamente los costos del proyecto ni abrir la puerta a la entrada indiscriminada de vehículos similares importados desde China e India.

El proyecto Olinia, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, prevé iniciar su producción y comercialización masiva en 2027 con un precio objetivo de 150,000 pesos y una velocidad máxima cercana a los 50 kilómetros por hora.

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El costo de incorporar seguridad

Aunque esa velocidad podría parecer reducida frente a un automóvil convencional, Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, advirtió que los riesgos en un impacto siguen siendo elevados.

“Un accidente a 30 kilómetros por hora equivale aproximadamente a caer de un primer piso, mientras que uno a 60 kilómetros por hora es similar a caer desde un quinto piso”, explicó. Bajo esa referencia, un choque a la velocidad máxima prevista para Olinia representaría un nivel de severidad intermedio.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer qué equipamiento de seguridad incorporará el vehículo.

Para Furas, el modelo debería incluir al menos una bolsa de aire frontal y un sistema antibloqueo de frenos (ABS), considerados elementos básicos para reducir lesiones tanto de los ocupantes como de peatones, ciclistas y motociclistas involucrados en un siniestro.

De acuerdo con datos de Latin NCAP, el costo promedio para los fabricantes de incorporar un sistema ABS ronda los 50 dólares, mientras que una bolsa de aire frontal tiene un costo similar. Si además se añadieran dos bolsas laterales, el equipamiento completo representaría alrededor de 200 dólares por unidad.

Con un tipo de cambio cercano a 17 pesos por dólar, la incorporación de estos sistemas incrementaría el precio estimado del vehículo en aproximadamente 3,400 pesos, para ubicarse cerca de los 153,400 pesos.

La organización recordó que la última evaluación de minivehículos realizada por Latin NCAP ocurrió en 2016. En esas pruebas, únicamente el Toyota iQ obtuvo una estrella de seguridad, pese a contar con una bolsa de aire.

Furas señaló que la evolución hacia vehículos eléctricos añade un reto adicional debido al peso de las baterías.

“Hace una década todos los vehículos eran a combustión interna, no eran vehículos con batería, no eran de motorización eléctrica, y lo que trae esto aparejado es mi comentario de que si hubieran sido vehículos eléctricos con la batería serían pesos mayores y, por ende, peores consecuencias en las pruebas”, indicó.

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Una norma para evitar riesgos y distorsiones

Además del equipamiento del vehículo, especialistas consideran indispensable desarrollar una regulación específica para este tipo de unidades, ya que actualmente la NOM-194 establece requisitos mínimos de seguridad para vehículos ligeros nuevos, pero no contempla una categoría equivalente a los cuadriciclos eléctricos o minivehículos urbanos como Olinia.

De acuerdo con los analistas, el vehículo podría alcanzar un peso bruto cercano a 1,300 kilogramos al considerar pasajeros y carga, por lo que requeriría criterios propios de evaluación.

“No sé si se esté pensando en un reglamento diferenciado para vehículos que se puedan catalogar de L7 o L6, pero aun así deben de hacer pruebas de choque para dar la seguridad correspondiente en choque frontal, laterales, laterales de poste y peatones”, comentó Furas.

Los especialistas coincidieron en que esa regulación deberá adaptarse al uso urbano previsto para Olinia y evitar trasladar íntegramente los requisitos aplicables a vehículos convencionales, pues ello podría encarecer significativamente el proyecto y comprometer su objetivo de ofrecer una alternativa de movilidad asequible.

Al mismo tiempo, advirtieron que una norma demasiado flexible podría generar efectos no previstos sobre el mercado mexicano.

Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, señaló que el marco regulatorio debe contemplar no solo el desarrollo de Olinia, sino también la posible llegada de otros fabricantes especializados en este segmento.

“No se debe de crear solo en la dimensión del transporte, sino también en la dimensión jurídica y a nivel reglamentos, porque hoy es Olinia, pero mañana se le podría abrir la puerta a este tipo de vehículos sin una buena regulación, y hay muchos por detrás, particularmente los chinos, que van a entrar también al mercado”, afirmó.

Añadió que el país requiere estándares mínimos de seguridad aplicables a todos los vehículos de esta categoría.

“Nuestra preocupación como organizaciones es innovar también desde la parte jurídica para darle una acogida en términos regulatorios tanto a nivel de reglamentos, estatales y federales, así como una norma de estándares de seguridad mínimos para este tipo de vehículos, no solo para Olinia, sino para todos los que vengan”, concluyó.

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