El Tribunal además ordenó a Cyrus y Contrarian pagar en favor de México una cantidad considerable por concepto de gastos y costos del arbitraje, de acuerdo con el comunicado de prensa de Economía que no detalló el montó.
Expertos en arbitrajes internacionales explicaron a Expansión que la parte que pierde el caso debe cubrir una parte proporcional del costo del arbitraje, como gastos administrativos, los honorarios de los árbitros, los gastos de viaje para las audiencias y la contratación de abogados especializados. Estimaron que el costo de un litigio de este tipo puede variar entre 8 y 10 millones de dólares.
En solo un año el litigio entre México y los fondos de inversión sumó un gasto para el gobierno de 150,000 dólares, equivalentes a 2 millones 899,000 pesos , reconoció la Secretaría de Economía (SE) a Expansión a través de una solicitud de transparencia.
TV Azteca aseguró a Expansión que la resolución del CIADI confirmó la postura con la que contaba la empresa desde un inicio. "Se trató de una medida fallida de presión, carente de fundamento legal e improcedente, impulsada por fondos que, pese a estar domiciliados fuera de los países integrantes del T-MEC, pretendieron recurrir a mecanismos de protección que no les correspondían", señaló la empresa vía escrita.
Además, dijo que, desde el inicio del proceso del pago con acreedores en febrero de 2021, la televisora ha estado "siempre abierta al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes, que responda a la realidad que enfrenta la industria televisiva en México y el mundo".
El origen de la disputa
La demanda internacional, presentada desde el 11 de agosto de 2023, tiene su origen en los bonos por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024 que obtuvo TV Azteca en 2017 por parte de ambos fondos de inversión. Pero los inversionistas alegaron que por "decisiones judiciales favorables" hacia la empresa, ésta evitó el saldo de sus bonos desde 2020. Debido a ello Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management reclamaron 219 millones de dólares al Estado mexicano.
Los fondos sostenían que el origen real de la inversión de los 400 millones de dólares es de procedencia estadounidense, por lo que invocaron el artículo 1105 del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que estipulaba el trato equitativo “de las inversiones de inversionistas de otra partes que no forman parte del tratado”.
Sin embargo, el equipo legal que representó a México en el arbitraje internacional pidió al tribunal arbitral “desestimar por completo la reclamación de los demandantes”, según los informes del caso a los que tuvo acceso Expansión.
