Las líneas sin registrar pasarán por un proceso de suspensión y después a reciclaje

De acuerdo con los lineamientos publicados por la CRT, una vez vencido el plazo previsto en el calendario de la prórroga, las empresas como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) enviarán un SMS para notificar que los servicios de la líneas telefónica serán deshabilitados en las próximos 72 horas.

La notificación contendrá la leyenda: “La fecha límite para vincular tu línea ha vencido y será suspendida en las próximas 72 horas”. Además, el mensaje incorporará el link del enlace de la plataforma de gestión del proveedor de servicio móvil.

Esto significa que hasta una vez transcurridas las 72 horas de gracia, las líneas quedarán suspendidas y solo podrán realizar llamadas a números de emergencia y la recepción de alertas sísmicas. También podrán comunicarse con su compañía telefónica.

Los usuarios también podrán continuar enviando mensajes a través de plataformas digitales mientras estén conectados a una red de internet fijo, sin embargo, no podrán recibir llamadas ni utilizar la red móvil para descargar datos.

¿Qué pasará con el número de la línea suspendida?

Una vez transcurridas las 72 horas, los números entrarán en un proceso de reciclaje que eventualmente permitirá reasignar la línea a otra persona. El periodo también representa una última ventana para que los usuarios decidan si vinculan su línea telefónica y evitan perderla.

Sin embargo, el plazo final quedará en manos de las propias compañías telefónicas , a través de su política para determinar el ciclo de vida de una línea, ya que el regulador aún no ha homologado este criterio y por ello, los tiempos varían entre operadores.

Telefónica reutiliza las líneas después de 180 días de inactividad; Telcel, tras 246 días, y AT&T, luego de 365 días. La lógica detrás del proceso es que los recursos de numeración son limitados y conservar líneas sin actividad genera costos para las empresas.

Daniel Hajj, CEO de América Móvil, en llamada con analistas del primer trimestre de este año, reconoció que tener números activos o inactivos en los sistemas de la compañía implica un costo para las empresas y no un ingreso.

“Habrá mucha limpieza en las bases de datos de suscriptores. Lo importante es cuántos buenos usuarios son los que tiene la empresa, y eso se ve en los ingresos, en el ARPU. Eso es lo que va a pasar”, aseguró el directivo.

Reciclaje de líneas sin registrar

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) , aseguró a Expansión que al no contar con un criterio homologado en el ciclo de vida de los números telefónicos pone en riesgo a los usuarios.

Desde junio, la Asociación presentó a la CRT propuestas para modificar y mejorar los lineamientos del registro telefónico. En el documento, del cual Expansión tiene una copia, recomienda integrar un periodo de 120 días para los usuarios que no han vinculado sus números, y una vez transcurridos se aplique el ciclo de vida o reciclaje de números a partir de los tiempos de cada operador. Pero la autoridad no ha emitido respuesta al tema.

“Se buscaba que hubiera un piso mínimo homologado para la conservación de la línea y así proteger a los usuarios”, aseguró a la AMOMVAC.

La propuesta incluso se sustenta en disposiciones que fueron incluidas en la legislación vigente. El transitorio trigésimo de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece un periodo de 120 días hábiles para que los usuarios regularicen sus líneas antes de que estas queden limitadas únicamente a llamadas de emergencia.

Sin embargo, los lineamientos emitidos por la CRT en diciembre de 2025 y en junio de este año no incorporaron de forma explícita ese periodo de gracia ni establecieron tiempos mínimos para el eventual reciclaje de números telefónicos, lo que generó incertidumbre sobre la aplicación del esquema.

El transitorio sexto únicamente señala que las líneas suspendidas “podrán ser habilitadas nuevamente siempre y cuando se cumpla con los requisitos” de vinculación, sin precisar plazos concretos.

Ante ese vacío operativo y el bajo nivel de avance en el registro, la autoridad optó por aplicar la extensión para evitar una desconexión masiva que habría impactado el acceso a servicios digitales, considerado un componente clave de la conectividad en el país.

Especialistas han señalado a Expansión que, más allá de la ampliación del plazo , el reto central sigue siendo la falta de claridad en la política pública y la limitada comunicación de los beneficios del registro, lo que ha contribuido a un nivel de adopción menor al esperado.

A ello se suman dudas sobre la implementación operativa del proceso, incluyendo criterios dispares entre operadores y cuestionamientos sobre la validación de líneas sin el consentimiento expreso de los usuarios, factores que han alimentado la incertidumbre en torno al registro.