Por ejemplo, en la actualidad la información que se genera en las redes sociales de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) desde México y toda América Latina se almacena y procesa en Centros de Datos ubicados en otros países, principalmente en Estados Unidos y Europa.
México cuenta con un marco legal en materia de protección de información personal como es la Ley Federal de Protección de Datos Personales y los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
Sin embargo, la efectividad de las leyes se debilita ante la naturaleza global de los gigantes tecnológicos , ya que sus servidores están en el extranjero y las autoridades enfrentan barreras legales y logísticas para fiscalizarlos, investigarlos o sancionarlos con firmeza a nivel internacional.
Las condiciones que debería considerar el ente antimonopolios
Ante una migración de esta magnitud, el papel de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) será relevante, ya que es la entidad encargada de autorizar la compra de Telefónica y la estrategia de OXIO.
El especialista consideró que será necesario que el ente antimonopolios exija a OXIO y las empresas involucradas evidencia técnica, jurídica y operativa de que el traslado de la información de los usuarios no reducirá sus garantías de seguridad y privacidad.
Entre los requisitos, dijo, debería estar un inventario detallado de los datos que serán migrados, su nivel de sensibilidad, la finalidad para la que fueron recopilados, su ubicación actual y los sistemas, empleados y proveedores que tendrán acceso a ellos.
También debería realizarse, antes de iniciar la migración, un análisis formal de riesgos que contemple las consecuencias de una filtración, pérdida, alteración o uso indebido de la información y que sea revisado por un tercero independiente.
Y para concluir el proceso, será necesaria una auditoría independiente que verifique tanto el funcionamiento y seguridad de la nueva infraestructura como el desmantelamiento efectivo de la anterior, incluidas sus copias y accesos.
“En una operación de esta escala, la autoridad debería exigir evidencia y no solamente declaraciones de cumplimiento. No basta con que la empresa diga que los datos están protegidos; debe ser capaz de demostrarlo”, consideró el CEO de la firma de ciberseguridad Silikn.
Así, el desafío para OXIO no será únicamente hacer más eficiente la operación de Movistar, sino demostrar que la transformación tecnológica no implicará ceder control sobre la información de millones de usuarios.
Mientras que para la autoridad, el punto clave será determinar si la migración puede realizarse bajo reglas claras de seguridad, privacidad y jurisdicción, con mecanismos que permitan verificar su cumplimiento y establecer responsabilidades en caso de una vulneración.
