Los Certificados de Energía Limpia (CEL), creados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para incentivar la generación eléctrica a partir de fuentes limpias, podrían tener una nueva aplicación en México como mecanismo para impulsar el mercado de biogás y biometano.
La propuesta es crear un CEL térmico que reconozca el atributo ambiental de los biocombustibles y, al mismo tiempo, establezca una obligación gradual para que determinadas industrias incorporen estos energéticos en sus procesos.
Guillermo Gómez, presidente del Consejo Nacional de Biogás (CNB), señala que el esquema podría tomar como referencia el funcionamiento de los CEL eléctricos y convertirse en un instrumento para desarrollar un mercado que todavía cuenta con pocos proyectos en operación.
“Hoy día tenemos un instrumento que se llama el certificado de energía limpia. Y a lo mejor lo que se podría visualizar es tener un cel térmico, que podría ser un instrumento nacional que ayudaría obviamente a incentivar el mercado, acompañado de alguna política pública que fortaleciera el uso”, dijo en entrevista con Expansión.
La propuesta ocurre mientras la Secretaría de Energía (Sener) trabaja en instrumentos para dar trazabilidad a la biomasa y los residuos utilizados en la producción de biocombustibles. El objetivo es que esta trazabilidad permita avanzar hacia una certificación nacional que reconozca la reducción de emisiones y pueda vincularse con beneficios fiscales y certificados verdes.
El funcionamiento de un CEL térmico sería similar al esquema utilizado en electricidad. Actualmente, un CEL es un título emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) que acredita la producción de una cantidad determinada de electricidad a partir de fuentes limpias.
Los generadores reciben estos certificados y los comercializan con los usuarios obligados a acreditar una determinada cantidad de CEL, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Sener.
Para el CNB, un mecanismo equivalente podría crear una demanda para los biocombustibles, pero con una diferencia relevante. Además de reconocer el atributo ambiental del energético, el nuevo esquema tendría que establecer una obligación de consumo.
“Es necesario tener una política de obligatoriedad respecto a la inclusión de biocombustibles. Haciendo un consenso de lo que se ha iniciado en otros lados se ha comentado que de un 3 a un 5% es algo relativamente razonable”, dijo Gómez.
El porcentaje tendría que aumentar de manera gradual conforme crezca la oferta de biocombustibles. Un requisito inicial de entre 3 y 5% permitiría generar demanda sin superar la capacidad actual del mercado, de acuerdo con el presidente del CNB.
Una obligación mayor tendría un límite práctico. México todavía no cuenta con suficientes proyectos para generar el volumen de biocombustibles necesario para acreditar una proporción elevada de certificados. Por ello, establecer desde el inicio una obligación de 20% podría generar una demanda que la oferta actual no está en condiciones de atender.
La creación de un CEL térmico dependerá primero de establecer mecanismos para demostrar de dónde provienen los residuos y la biomasa utilizados para generar biogás y biometano, así como la reducción de emisiones asociada a su aprovechamiento.
La Sener trabaja en estos instrumentos de trazabilidad, de acuerdo con Gómez. Este proceso podría convertirse en la base para una certificación nacional de los atributos ambientales de los biocombustibles.
Para el sector, contar con un certificado nacional también permitiría evitar que el valor ambiental generado por proyectos mexicanos termine acreditándose en otros mercados.
Gómez considera que el instrumento podría desarrollarse con suficiente rapidez para comenzar a operar en 2027, en lugar de esperar hasta 2030.
“Este es un instrumento nacional que ayudaría obviamente a incentivar el mercado”, señaló.
La intención es que la certificación funcione como un activo adicional para los productores de biogás y biometano, al reconocer no solo el energético que generan, sino también el beneficio ambiental asociado con la reducción de emisiones.
La creación de un mecanismo de incentivos ocurre cuando el número de proyectos de biogás y biometano comienza a aumentar en México.
En Querétaro ya existe el primer permiso para producir biogás a partir de un relleno sanitario. En Chihuahua se desarrolla un proyecto de gran escala de biogás y biometano que contempla tres etapas y que, una vez concluida la última, se convertiría en el segundo proyecto más grande del continente.
Otro proyecto que ya opera es el de Brimex Energy, en Lagos de Moreno, Jalisco. La instalación es el primer proyecto desarrollado bajo la nueva ley de biocombustibles y utiliza biogás para generar electricidad que inyecta a la red.
Además, produce biometano, que comercializa comprimido mediante transporte terrestre hacia una planta industrial de autopartes ubicada en León, Guanajuato.
El CNB contabiliza actualmente ocho proyectos en operación y prevé que al cierre del año se sumen al menos cuatro más. Con ello, el sector estima terminar 2026 con entre 10 y 12 permisos a lo largo de la cadena de valor del biogás y el biometano.
El reto para los próximos años será convertir este crecimiento inicial en un mercado con suficiente oferta y demanda. Para el sector, un CEL térmico acompañado de una obligación gradual de consumo podría ser uno de los mecanismos para cerrar esa brecha.
