La estrategia del gobierno federal para combatir el huachicol fiscal, a través de la trazabilidad de toda la cadena de valor, permitió detectar 8,824 millones de litros que no pudieron acreditar su trazabilidad en 2025.
Dicho volumen implica un desbalance económico para las finanzas públicas hasta por 61,785 millones de pesos, informó la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, durante su participación en la conferencia mañanera de hoy.
El análisis realizado por la Sener, de manera conjunta con otras autoridades como parte del plan de combate al mercado ilegal de combustibles, determinó que el eslabón de la cadena de valor en la que más irregularidades se presentan es la parte de comercialización, con 6,352 millones de litros sin trazabilidad, equivalente a 44,468 millones de pesos.
“La identificación de estas inconsistencias es un primer paso, pero a la vez también es un resultado muy importante porque ahora sabemos claramente qué importador, comercializador, distribuidor y gasolinera vende combustible sin un origen declarado en sus facturas”, aseguró la funcionaria.
Y añadió que las empresas que usaron sus permisos de manera inadecuada ahora tendrán que rendir cuentas con todas las autoridades competentes y pagar impuestos los correspondientes.
El control y vigilancia de de las aduanas también ha permitido aumentar en 10.54% el volumen de combustibles declarados en importación entre enero y septiembre del 2025 contra el mismo periodo del 2026, según información de Energía.
En 2025, se declararon 23,933 millones de litros de combustibles importados y para 2026 la cifra se incrementó a 26,455 millones de litros declarados a través de la verificación de cargamentos en las 14 aduanas.
También se ha aplicado más de 500 multas por información errónea, tardía o inexacta y 8 agentes aduanal con procesos administrativos y legales.
Lo anterior ha permitido la recuperación de 1,952 millones de litros de combustibles que se pretendían internar ilegalmente al país, equivalente a 13,664 millones de pesos, explicó Juan José Vidal Amaro, subsecretario de hidrocarburos de la Sener.
A fin de poder monitorear el transporte de combustibles, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya tiene registradas 61,557 unidades con sistemas de GPS y el balizado de códigos QR, que representan el 93% del total de vehículos registrados.
En materia de permisos de comercialización y de expendio de combustibles se han cancelado 264; y hay otros 307 permisionarios que enfrentan un procedimiento de sanción.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también ha aplicado múltiples medidas para sancionar las actividades ilegales del mercado de combustibles, comentó Vidal Amaro.
Un total de 2,224 empresas han sido cerradas por la venta de combustibles sin permiso; se han aplicado 6,483 multas a 2,032 gasolineras que no han presentado controles volumétricos o lo han hecho de manera inadecuada.
También se han dado de baja a 180 empresas del padrón de importadores de combustibles por traer contrabando de combustibles al país y 175 empresas se han catalogado como factureras.
Lo anterior ha permitido el incremento del IEPS declarado por 48,411 millones de pesos.
Ante la Fiscalía General de la República se han levantado asuntos penales por 152 casos de contrabando e incumplimiento de controles volumétricos presentados ante el SAT.
Hay 127 casos por defraudación fiscal presentados ante la Procuraduría Fiscal de la Federación y otros 159 casos de inconsistencias en volúmenes de despacho presentados a la CNE.
Pemex ha presentado 10,674 casos por robo de combustibles y la Agencia Nacional de Aduanas de México (AMAN) presentó 11 casos por contrabando y falsa declaración de volúmenes de importación.
Todo lo anterior ha dejado 2,539 detenidos, 5,572 unidades aseguradas entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques y 173.7 millones de litros de combustible incautados.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se ha hecho un trabajo intenso en la materia y que se tiene un centro de monitoreo de combustibles, en el que se conoce a los participantes de la cadena de valor de combustibles, donde se puede identificar si algo está fallando.
Es una base de datos que está vinculada entre el SAT, aduanas, CNE, Marina e incluso mantiene comunicación con el servicio de aduanas de Estados Unidos para saber si un buque que sale del otro lado de la frontera el volumen de combustible que transporta es el que llega al mercado mexicano.
“Ahora el equipo se está enfocando mucho en los permisos de comercialización. Si se dan cuenta no tienen activos físicos, se dedican a comprar y a vender, entonces la investigación más profunda está sobre la comercialización”, puntualizó la mandataria federal.
Incluso se contempla hacer cambios a la ley para reducir la participación de dicha figura en el mercado de combustibles, que es donde más ilegalidades se han detectado.
