Durante el análisis del caso promovido por Urbanhub México, se alegó que el tope vulneraba la libertad contractual y el derecho a la igualdad al aplicar un mismo parámetro sin distinguir monto de renta, tipo de vivienda o zona.
En la resolución, el ministro presidente Hugo Aguilar sostuvo que la medida busca asegurar accesibilidad a la vivienda en arrendamiento y evitar incrementos que deriven en desplazamiento residencial por procesos de gentrificación, con sustento en el derecho constitucional a una vivienda digna y en estándares del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Cómo calcular el aumento máximo permitido paso a paso
El tope al incremento anual de la renta se calcula con base en la inflación del año anterior. Para conocer el aumento máximo permitido, la operación se plantea de forma directa:
Monto de la renta mensual × inflación del año previo = aumento máximo anual permitido
Para 2026, el cálculo se hace con la inflación de 2025, que fue de 3.69%. En términos matemáticos, la operación se expresa así:
Renta mensual × 0.0369 = incremento máximo permitido
Este resultado marca el monto máximo que puede sumarse a la renta mensual al momento de actualizar el contrato de arrendamiento.
Aplicado a distintos niveles de renta, el tope queda de la siguiente forma con una inflación anual de 3.69%:
Renta de 15,000 pesos: aumento máximo de 553.5 pesos.
Renta de 20,000 pesos: aumento máximo de 738 pesos.
Renta de 25,000 pesos: aumento máximo de 922.5 pesos.
Renta de 30,000 pesos: aumento máximo de 1,107 pesos.
Qué busca la medida y qué queda pendiente en la regulación
El criterio de la Corte parte del reconocimiento de que el acceso a la vivienda no puede quedar sujeto solo a dinámicas de mercado en contextos de presión inmobiliaria. Bajo esa lógica, el tope a los incrementos apunta a contener alzas que, en combinación con otros factores, generan expulsión de residentes en ciertas zonas de la ciudad.