Desde el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) estimó realizar 16,200 auditorías en 2026 entre los grandes, medianos y pequeños contribuyentes, así como al comercio exterior, con el objetivo de garantizar el cumplimiento y orden en el pago de impuestos.
Las personas físicas no están exentas de ellas, ya que pueden compartir las mismas conductas que son revisadas en empresas u organizaciones, y son los motivos para llevar a cabo una revisión exhaustiva.
El SAT tiene la facultad de realizar auditorías a contribuyentes que detecte que presenta diferentes conductas de alto riesgo , ya sea para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor de manera ilegal.
Para explicarlo, la autoridad estableció las siguientes situaciones:
Por ejemplo, que una persona física emita comprobantes de CFDI con una empresa que no tiene domicilio fiscal verificable o activos, y las operaciones no tengan evidencia.
Por ejemplo, que una empresa lleve 3 años declarando pérdidas fiscales, a pesar de tener tiendas abiertas, empleados activos y una facturación anual elevada. O una persona que trabaja como freelance declara pérdidas porque sus gastos de operación superan sus ingresos, pero reporta pagos con tarjetas de crédito o débido superiores.
Lo que genería un caso de discrepancia fiscal, ya que los ingresos declarados no pueden financiar su estilo de vida.
Ocurre cuando se quieren ocupar gastos ajenos a la actividad económica como si lo fueran. Como si una empresa dedujera los gastos de un automóvil de lujo como un “vehículo utilitario para la organización”, o una persona quisiera utilizar las colegiaturas de posgrado de un familiar como “capacitación profesional”.
Si una empresa reportó solo 4,500,000 pesos, pero sus puntos de venta generaron 5,000,000 pesos, o si una persona recibió un pago en efectivo por la renta de un inmueble y no lo reporta al SAT. La entidad puede cruzar datos y detectar que hay diferencias de ingresos.
Por ejemplo, si un agricultor aplica el estímulo fiscal del IEPS en combustible para sus tractores y maquinaria de siembra, pero también incluye a vehículos de uso particular de su familia. Al revisar los registros del estímulo, el SAT detecta que el volumen de combustible aplicado es desproporcional al tamaño de su parcela y a la maquinaria declarada al IMSS, lo que configura un uso indebido del beneficio.
Por ejemplo, si un negocio de tecnología importa 10,000 celulares a sus proveedores (acreditando el IVA), pero en sus declaraciones solo reporta vender 2,000, y no hay evidencia de inventario, mermas, o devoluciones.
Por ejemplo, si un vendedor de papelería importa los productos desde China, y los declara en la aduana con un valor de 50 pesos por pieza, cuando el precio real de mercado es de 250, pagando así aranceles mínimos. El SAT y la Aduana detectan la subvaluación al comparar con importaciones similares.
Esto no aplica únicamente a empresas. Por ejemplo, una persona física con actividad empresarial puede retener. Si un doctor emplea a cinco personas dadas de alta en el IMSS en su clínica privada, está obligado a retener y enterar los impuestos.
Puede ocurrir cuando una persona recibe ingresos a una cuenta personal en otro país que no tiene la misma exigencia fiscal, y la utiliza para sus operaciones económicas.
Cuando algunas de las deducciones realizadas están amparadas con CFDI cancelados y fueron incluidos igualmente en la declaración, o de gastos personales que no son procedentes para efectos del IVA.
El SAT utiliza parámetros de referencia por sector económico para asignar las tasas de ISR. Por ejemplo, si el contribuyente es odontólogo con consultorio propio en Monterrey, y en vez de aplicar una tasa de 18% (según la estimación del fisco), aplica el 4%.
La detección de estas conductas son las que puede llevar al SAT a realizar una auditoría a los contribuyentes, en las cuales solicitará la información necesaria para evaluar el caso.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el SAT recaudó 253,104 millones de pesos en efectivo y 623,338 millones de pesos en modalidad virtual por actos de auditoría y fiscalización en 2025.
Entre enero y diciembre, se reportaron 49,454 actos de fiscalización terminados, con un incremento de 11.40% respecto al año anterior.
De 2020 a 2025, el dinero recaudado por estos actos a grandes contribuyentes, cuyos ingresos al año son mayores a los 1,500 millones de pesos, pasó de 165,575 millones de pesos, a 349,970 millones, refieren c ifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En este mismo periodo, el promedio de recaudación pasó de 53 millones a 285 millones.
Con información de Dainzú Patiño.
