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Sudáfrica permite el uso de la marihuana para consumo personal

La justicia sudafricana determinó este martes que la penalización del cannabis es inconstitucional argumentando que el uso debe ser para consumo de los adultos.
Lid of cannabis with pipe
Consumo y cultivo La decisión también aprobó el cultivo de marihuana para consumo personal.

JOHANESBURGO - El tribunal más alto de Sudáfrica permitió este martes el consumo personal de marihuana, confirmando un fallo de un tribunal inferior que concluyó que la penalización del cannabis era inconstitucional.

Diversos activistas, entre ellos miembros del movimiento rastafari y curanderos tradicionales, saludaron la decisión con fuertes aplausos. Estos activistas han celebrado manifestaciones durante años para exigir que se modifique la ley con el fin de permitir que la gente fume "hierba", llamada "dagga" en Sudáfrica.

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Varios departamentos gubernamentales, incluidos los ministerios de salud y justicia, se oponen a su legalización y advierten sobre los efectos nocivos.

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Pero en un fallo unánime leído por el presidente del Tribunal Supremo, Raymond Zondo, la Corte Constitucional despenalizó el consumo doméstico, diciendo que "el uso del cannabis debe ser para el consumo personal del adulto".

La decisión también aprobó el cultivo de marihuana para consumo personal.

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El rastafari Garreth Prince y Jeremy Acton, exlíder del Partido Dagga, llevaron el caso al Tribunal Supremo para permitir el uso doméstico de marihuana.

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Jules Stobbs y Myrtle Clarke, conocidos como los "Dagga Couple", se unieron al caso y le pidieron a la corte que anule las leyes que prohíben el uso, el cultivo y la venta de marihuana.

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Zondo añadió que no sería un delito que una persona adulta usara o tuviera en su posesión cannabis para su consumo personal en privado.

Sin embargo, el juicio no especificó la cantidad que puede destinar un adulto al uso privado.

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"Esto debe determinarlo el parlamento", dijo.

Ahora se espera que el Parlamento enmiende las leyes que penalizan el cannabis después del fallo judicial.

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Los activistas habían argumentado que la criminalización del consumo y la posesión de la "dagga" es una violación del derecho a la igualdad, la dignidad y la libertad de religión.

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