El presidente de Perú busca nuevos ministros tras disolver el congreso

Del Solar y los demás miembros del gabinete tuvieron que renunciar el lunes luego de que el Congreso negara un voto de confianza al gobierno ligado a una reforma en el Tribunal Constitucional. Tras la negativa, Vizcarra cerró el Legislativo, controlado por la oposición, y convocó elecciones para renovarlo.

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Zevallos ha mantenido reuniones con posibles candidatos a ocupar cargos, pero se ha negado a revelar sus nombres. Sólo ha dicho que el nuevo gabinete será anunciado el jueves.

"Mañana (jueves) se hará público, estamos en plena evaluación" de los candidatos, dijo a la radio RPP.

Decisión cuestionable

Más allá del ámbito político, la crisis no se ha traducido en caos ni tensiones y todas las actividades se desarrollan normalmente en el país, desde las clases en las escuelas a las visitas de turistas.

Pese a la normalidad, disolver un Congreso no es algo común y despierta recelo.

"La crisis política y el choque institucional en Perú se venían gestando desde hace tiempo. Aunque la decisión de Vizcarra fue cuestionable, probablemente él tenía pocas opciones", dijo a la AFP Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

"Era que el Congreso intentara sacarlo por los tribunales o que él se moviera primero y disolviera el Congreso", sintetizó Shifter.

En un país con instituciones débiles, el horizonte seguirá siendo conflictivo, estima el analista, al menos hasta las elecciones de enero.

¿Nuevo presidente encargado?

Aunque el Congreso quedó disuelto el lunes, sigue en funciones su Comisión Permanente, de 27 miembros, entre ellos 18 fujimoristas.

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La Comisión la preside el jefe del Legislativo, el opositor Pedro Olaechea, pero tiene facultades restringidas.

La Constitución sólo lo faculta para ratificar la designación de algunos funcionarios y aprobar créditos, entre otras tareas, pero no para tratar reformas constitucionales ni cursar mociones contra el gobierno.

Después de ser cesado el lunes, el Congreso aprobó suspender a Vizcarra y nombró a la vicepresidenta Aráoz como "presidenta encargada", quien fue juramentada de inmediato por Olaechea. Sin embargo, al día siguiente ella renunció a ambas responsabilidades.

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Olaechea convocó a una sesión para el miércoles en la tarde, en medio de rumores de que los opositores podrían intentar designar a un nuevo "presidente encargado" tras la renuncia de Aráoz.

"Estamos en un estado de acefalía", dijo a periodistas Olaechea.

Además, el parlamentario opositor Jorge del Castillo advirtió que el nuevo gabinete deberá recibir el visto bueno de la Comisión, que eventualmente podría negarse a hacerlo, prolongando la incertidumbre en el país.

¿Qué va a pasar si la Comisión no le concede la investidura cuando acuda dentro de 30 días? ¿La disolverá?", dijo a la AFP Del Castillo, del partido socialdemócrata APRA, que lideraba el difunto expresidente Alan García.

En caso de negativa, Vizcarra está obligado a nombrar un nuevo gabinete, afirmó.

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Si eso pasara, se abriría un nuevo capítulo en este folletón de choques de poderes ejecutivo y legislativo iniciado hace tres años.

Comicios sin reelección

Vizcarra convocó nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020, lo que obligará a los partidos a enfrentarlas en un contexto marcado por el desprestigio.

Los partidos de izquierda, Nuevo Perú y Frente Amplio, minoritarios en el actual Congreso, parten mejor posicionados, según analistas.

"Los partidos políticos tendrán que evaluar como participan, pero lo que sí puede ocurrir en las elecciones es que Perú se incline hacia los grupos de izquierda, que son quienes apoyan la disolución del Congreso", dijo a la AFP el analista Fernando Rospigliosi.

El nuevo Congreso tendrá mandato hasta julio de 2021, hasta completar el quinquenio del que fue cesado, según la Constitución. El periodo de Vizcarra también termina en esa fecha.

En los comicios pueden participar los 24 partidos legales del país. Pero ningún legislador puede ir a la reelección, en virtud de una reforma propuesta por Vizcarra y ratificada en referéndum en diciembre de 2018.

El mandatario, que carece de partido y bancada legislativa, debe su popularidad a su cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.