Además, el gobierno apunta a compartir el esfuerzo con el sector empresarial. A fines de octubre, Piñera envió al Congreso un proyecto para elevar del actual 10% al 14% el aporte obligatorio del salario. Ese adicional en la tasa de cotización estará a cargo del empleador, y se utilizará para financiar seguros solidarios.
Lee: La ONU denuncia que el gobierno de Chile comete violaciones de derechos humanos
“El singular caso de Chile, único país de la OCDE en el que el empleador no aporta al fondo de pensiones, llega a su fin: el 4% adicional propuesto en el proyecto de reforma del gobierno significa cerca de 2,800 millones de dólares anuales”, dice Álvaro Gallegos, superintendente de Pensiones durante el gobierno de Bachelet. “Sin embargo, aún será necesaria una reforma mayor para atacar el principal déficit del sistema de capitalización individual, que es el fracaso en el cumplimiento de su función principal de entregar pensiones que aseguren un nivel de consumo razonable en la vejez”, sentenció.
Las empresas mexicanas que sufren por la crisis
Las protestas que se suceden en Chile desde mediados de octubre afectaron el día a día de las compañías que operan en ese país, sobre todo aquellas que dependen del consumo masivo. Entre ellas se encuentran empresas mexicanas, como Alsea, Mabe y Omnilife. Según un comunicado de la Cámara de Comercio de Santiago, el 46% de las empresas del sector minorista sufrió daños directos y un 100% registró menores ventas solo en las dos primeras semanas después del estallido de las protestas. En ese periodo, las ventas minoristas cayeron un 10% anual, de acuerdo a la empresa financiera chilena Transbank.
La crisis también alcanzó a Cinépolis. Desde el comienzo de las movilizaciones, hubo una semana de complejos cerrados y luego otras tres semanas de horarios reducidos -sin funciones de noche debido al toque de queda decretado por el gobierno-, lo que derrumbó el número de espectadores en las salas.
Recomendamos: Roberto Campos, el caso emblema de las detenciones arbitrarias en Chile