Desde la detención, los familiares de Roberto Campos han emprendido una pelea, tanto en juzgados como ante la opinión pública, contra lo que consideran, es una medida cautelar desproporcionada por parte del Estado chileno.
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"Roberto, no buscaba, bajo ningún punto de vista, ni derrocar al gobierno, ni llamar a elecciones, sino que ese día manifestó su legítimo derecho a protesta", asegura Mario Araya, quien junto a Cristián Basualto conforman el equipo de defensores públicos a cargo de la representación, de campos, de acuerdo con un comunicado.
La familia pide que Roberto sea juzgado bajo reclusión domiciliaria porque el profesor cuenta con arraigo social, es un ciudadano funcional, no milita ni pertenece a ningún grupo político o grupo que constituya un carácter político subversivo y es un profesional de la educación que ejerce su actividad de manera autónoma.
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"Roberto ama enseñar, la matemática, la estadística, él siempre tuvo el foco bien puesto en eso. Y según lo que dicen sus alumnos, es un profesor bien querido y respetado porque él se dedica a temas más específicos, más avanzados", dice Valdés.
No solo la familia de Roberto Campos ha abogado a su favor. El 11 de noviembre, la Asamblea de Investigadoras e Investigadores emitió una carta en apoyo al académico.
"Condenamos esta medida cautelar desproporcionada, pues el hecho que se le imputa no involucra una agresión contra personas y no cuenta con causas pendientes o delitos previos, por lo que dejarlo en libertad mientras se investigan los hechos, no representa un peligro para la sociedad", señala la misiva firmada por 547 académicos e investigadores.
Después de que todos los recursos legales de la defensa de campos han sido rechazados por cortes locales, el caso fue llevado a la Corte Suprema de Chile. Este viernes, se espera que se dé fecha para la audiencia.
"Es la última instancia, porque nosotros ya hemos pasado todas las demás, que eran de la jurisprudencia más local, de la Corte de San Miguel, que es la zona donde está la estación de metro. Después de eso queda una apelación más lejana y tendremos que recurrir a pedir ayuda a organismos internacionales", señala Valdés.