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Roberto Campos, el caso emblema de las detenciones arbitrarias en Chile

El profesor universitario está detenido en una cárcel de alta seguridad por dañar un torniquete del metro. Su familia y organizaciones acusan que esta medida cautelar es desproporcionada.
vie 06 diciembre 2019 06:23 AM

Roberto Campos Weiss, un profesor de matemáticas universitario, se unió a las manifestaciones contra el alza del pasaje del metro de Santiago, el más caro de América Latina, a mediados de octubre. Estas protestas, protagonizadas por estudiantes de bachillerato y universidad principalmente, fueron la mecha que encendi´ó las protestas antigubernamentales en Chile.

La tarde del 17 de octubre, un día antes del estallido social y dos antes de la declaración de emergencia y de toque de queda, Campos Weiss salió de una clase privada en la Universidad Católica de Chile y se topó con una manifestación en la estación San Joaquín, en el centro de Santiago de Chile. Se unió a una de las evasiones masivas, donde miles de jóvenes

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"Se sumó a las manifestaciones, golpeó torniquetes del metro, me imagino que impulsado por toda esta energía de injusticia, de querer sentir que nadie te escucha. Los cabros (adolescentes) llevaban más de una semana en eso y nadie los había escuchado", explica su prima, Kika Valdés, en entrevista con Expansión.

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Un día después, el gobierno cerró la red del metro, con lo que dejó a la ciudad sin movilidad. Esa noche, grupos organizados desde el interior de la red, incendiaron más de 20 estaciones.

Valdés aclara que los torniquetes que pateó su primo ya habían sido rotos por otras personas antes de que él los golpeara. Además, la estación San Joaquín, a diferencia de otras de la red, solo estuvo fuera de funcionamiento por 12 horas, debido a problemas para cobrar el servicio y no por daños en la infraestructura.

Sin embargo, la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvo 12 días después. Ante la opinión pública, Roberto Campos Weiss fue presentado como uno de los organizadores detrás de las protestas del 18 de octubre.

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La gestora cultural asegura que su primo siempre mantuvo una actitud de cooperación con las autoridades.

"Roberto colabora con todo, dice que efectivamente él estuvo ahí, que le pegó los torniquetes, que quiere reparar los daños, pagar la multa que sea. Se lo llevan detenido. Le muestran la ropa con la que él estaba vestido ese día. Él la trae, colabora. Entregó su computador, su teléfono móvil".

Un día después, en la audiencia para imputarle cargos, se anunció que se le aplicaba la ley de Seguridad del Estado. Campos fue enviado a una cárcel de Alta Seguridad con una prisión preventiva de 90 días, que puede extenderse.

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"Roberto no cuenta con antecedentes penales, nunca pensamos que lo iban a dejar detenido con una prisión preventiva. Es muy inusual, es muy desmedido. ¿Y por qué pasó a ser tan emblemático? Es porque Roberto fue el primer detenido vinculado al tema del metro, que tuvo mucha sensibilización no por los torniquetes, sino por la quema sistemática del día 18", indica Valdes.

El tema de los daños a la infraestructura ha sido uno de los más delicados para el gobierno del presidente de centroderecha Sebastián Piñera. El 25 de noviembre, seis semanas después del inicio de las protestas, envió un proyecto de ley para que militares protejan infraestructura pública sin la necesidad de decretar estado de emergencia, ante una Policía debilitada por la crisis social que golpea al país.

Además, en el congreso chileno avanza una iniciativa de ley que tipifica como delito al saqueo y la instalación de barricadas. El proyecto, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración del orden público mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas, fue aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones, según un reporte de la agencia AFP.

"Roberto es el único detenido que tenía el rostro descubierto. No se cuidó. Él no es una persona que haga esto, que vaya a manifestaciones, a manifestarse violentamente, él nunca se preocupó por cubrirse el rostro. A Roberto fue muy fácil identificarlo".

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Desde la detención, los familiares de Roberto Campos han emprendido una pelea, tanto en juzgados como ante la opinión pública, contra lo que consideran, es una medida cautelar desproporcionada por parte del Estado chileno.

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"Roberto, no buscaba, bajo ningún punto de vista, ni derrocar al gobierno, ni llamar a elecciones, sino que ese día manifestó su legítimo derecho a protesta", asegura Mario Araya, quien junto a Cristián Basualto conforman el equipo de defensores públicos a cargo de la representación, de campos, de acuerdo con un comunicado.

La familia pide que Roberto sea juzgado bajo reclusión domiciliaria porque el profesor cuenta con arraigo social, es un ciudadano funcional, no milita ni pertenece a ningún grupo político o grupo que constituya un carácter político subversivo y es un profesional de la educación que ejerce su actividad de manera autónoma.

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"Roberto ama enseñar, la matemática, la estadística, él siempre tuvo el foco bien puesto en eso. Y según lo que dicen sus alumnos, es un profesor bien querido y respetado porque él se dedica a temas más específicos, más avanzados", dice Valdés.

No solo la familia de Roberto Campos ha abogado a su favor. El 11 de noviembre, la Asamblea de Investigadoras e Investigadores emitió una carta en apoyo al académico.

"Condenamos esta medida cautelar desproporcionada, pues el hecho que se le imputa no involucra una agresión contra personas y no cuenta con causas pendientes o delitos previos, por lo que dejarlo en libertad mientras se investigan los hechos, no representa un peligro para la sociedad", señala la misiva firmada por 547 académicos e investigadores.

Después de que todos los recursos legales de la defensa de campos han sido rechazados por cortes locales, el caso fue llevado a la Corte Suprema de Chile. Este viernes, se espera que se dé fecha para la audiencia.

"Es la última instancia, porque nosotros ya hemos pasado todas las demás, que eran de la jurisprudencia más local, de la Corte de San Miguel, que es la zona donde está la estación de metro. Después de eso queda una apelación más lejana y tendremos que recurrir a pedir ayuda a organismos internacionales", señala Valdés.

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