El desplome del petróleo será devastador para Venezuela

Desde 2003, tras el férreo control de cambios impuesto por el entonces presidente Hugo Chávez, el gobierno tiene en Venezuela el monopolio de las divisas que ingresan al país por las exportaciones petroleras. Con esos dólares, realiza importaciones en forma directa o entrega divisas a la paridad oficial solo a las empresas que importan alimentos básicos, medicamentos y otros productos de primera necesidad.

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Ese esquema está ahora a punto de crujir tras la caída de ingresos provocado por el desplome del precio del petróleo a niveles mínimos en casi dos décadas. Para la consultora local Síntesis Financiera, los ingresos por exportaciones petroleras descenderán desde 13,800 millones de dólares en 2019 a 4,500 millones de dólares este año.

Paradoja venezolana: el desplome de los ingresos pone en riesgo incluso el abastecimiento de gasolina en el país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. ¿La razón? Tras años de desinversión y falta de mantenimiento por parte de la petrolera estatal PDVSA, las refinerías venezolanas están en condiciones de producir solo un 20% de la demanda nacional. Con el drástico descenso en el ingreso de divisas, la capacidad para continuar importando el 80% restante se reducirá.

A ese panorama se le suman los efectos de las sanciones impuestas a Venezuela a comienzos del año pasado por el gobierno de Donald Trump. Para sortear esas penalidades, que en la práctica representan un bloqueo a las exportaciones de PDVSA, en el último trimestre del año pasado la petrolera estatal les cedió a sus socios minoritarios en empresas mixtas, como la rusa Rosneft, la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana Eni, la tarea de comercializar el crudo hacia refinerías de China, Singapur, Malasia y otros países asiáticos. Eso le permitió a PDVSA volver a exportar, descomprimir el inventario acumulado desde el comienzo de las sanciones e incrementar en forma moderado los niveles de producción.

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Sin embargo, ahora el escenario volvió a modificarse. Luego de que su filial Rosneft Trading sufriera en febrero pasado sanciones del gobierno estadounidense, la rusa Rosneft, que comercializó cerca del 60% de las exportaciones petroleras de Venezuela en los últimos meses, anunció a fines de marzo el cese de sus operaciones en el país sudamericano. “La partida de Rosneft es una señal importante; la clave pasará es cómo leerán eso los otros socios de PDVSA”, dice Antero Alvarado, director regional de Gas Energy Latin America, en Caracas. “A eso se agrega que la licencia del gobierno estadounidense que le ha permitido a Chevron mantener relaciones de negocios con PDVSA vence el 22 de abril”.

Esas dificultades en medio del freno de las exportaciones amenaza con generar un nuevo círculo vicioso en Venezuela: sin capacidad para almacenar el petróleo que no puede enviar al exterior, los niveles de producción de PDVSA, que en la actualidad representan apenas la cuarta parte de los registros de 2013, podrían acelerar su tendencia declinante. Eso, a su vez, agudizaría la escasez de divisas.

Esas urgencias empezaron a ponerse de manifiesto a mediados de marzo, cuando el gobierno de Maduro decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) –un organismo denostado históricamente por el chavismo– para solicitar un financiamiento de 5,000 millones de dólares. No obstante, el primer pedido de Venezuela al FMI luego de 21 años fue infructuoso: el organismo argumentó que “no estaba en condiciones de considerar la solicitud” debido a que no había “claridad en el reconocimiento” del gobierno de Maduro entre sus países miembros.

Una crisis sin respuesta

En un marco de fuerte caída de ingreso de divisas, que se suma a la imposibilidad de tomar nueva deuda ante un índice de riesgo-país que supera los 19,000 puntos básicos, el gobierno de Maduro carece de herramientas fiscales y monetarias para actuar en la emergencia. Hasta ahora, las medidas anunciadas por el gobierno se limitan a la suspensión del pago de alquileres durante seis meses , la prohibición de los despidos hasta fin de año y la garantía de que se mantendrá la entrega de cajas con alimentos para los segmentos con menores ingresos.

Para empeorar la situación, el imprevisto cambio de escenario generado por la propagación del coronavirus anula los tímidos cambios que el gobierno venía impulsando en los últimos meses para darle algo de oxígeno a la economía. La relajación del control de cambios y precios, el avance de la dolarización en las transacciones y la autorización para que los privados puedan importar bienes habían promovido una aparente sensación de bonanza a partir de una leve mejora de la oferta en supermercados y la proliferación de más de un centenar de “bodegones”, tiendas de productos importados que operan solamente con dólares. Con cerca de 5 millones de venezolanos que salieron del país en los últimos años, alrededor del 40% de los hogares en Venezuela recibe dinero del exterior, lo que impulsa a que más del 60% de las operaciones en las zonas urbanas ya se paguen con una moneda diferente al devaluado bolívar.

Con esos cambios en marcha, antes del derrumbe del precio del petróleo el consenso de las proyecciones para 2020 indicaba, al menos, una desaceleración de la caída con respecto al año pasado. Ecoanalítica proyectaba un descenso del PIB del 10% –tras la caída del 25% registrada 2019– y una inflación del 2,700%, muy por debajo del 7,500% del año pasado. No obstante, el nuevo escenario volvió a ensombrecer las proyecciones: Ecoanalítica estima ahora una caída del PIB en torno al 20% y una inflación que trepará a niveles del 10,000%.

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Sin margen económico y bajo una presión creciente de Estados Unidos –a fines de marzo, el gobierno de Trump acusó de narcoterrorismo a Maduro y a su círculo más cercano, además de ofrecer una recompensas de 15 millones de dólares a quien brinde información que facilite la captura del presidente-, buena parte del futuro de corto plazo de la administración chavista parece jugarse en el resultado de las negociaciones que aún mantiene con China. Por los acuerdos firmados en la década pasada, Venezuela debería pagar este año al régimen de Xi Jinping unos 3,200 millones de dólares, algo que asoma imposible de cumplir en el actual contexto. “El déficit externo que tendrá Venezuela este año rondará los 7,600 millones, por lo que si el gobierno logra un refinanciamiento o un nuevo período de gracia con China, eso ayudaría muchísimo a que no se deteriore tanto la economía”, dice Oliveros. “Dado el actual contexto, el acuerdo –o no- que pueda alcanzarse con China será de vida o muerte para el régimen de Maduro”.