Jair Bolsonaro, el único presidente sudamericano que rechaza la aplicación de medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, está, paradójicamente, cada vez más aislado.
Su negativa a lanzar normas sanitarias de prevención a nivel nacional luego de comparar al COVID-19 con una “gripecita” ya provocó la ruptura de relaciones con gobernadores aliados, el debilitamiento de la representación oficialista en el Congreso, duros cruces con la Justicia y la salida de su popular ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.
“Bolsonaro todavía conserva el respaldo de su núcleo duro de seguidores, que ronda entre el 25% y el 30% de la población brasileña, pero donde más se observan los efectos de su actuación frente al coronavirus es en la pérdida de apoyo que sufrió entre las élites políticas”, dice Rodrigo Stumpf González, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.
En un país federal como Brasil, en el que los estados pueden decidir por su cuenta medidas de aislamiento, Bolsonaro viene acusando a los gobernadores de exagerar las restricciones y, con eso, paralizar a la economía. Sus furiosos ataques alcanzan incluso a ex aliados como João Doria, el gobernador de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil con 45.9 millones de habitantes. Las tensiones llegaron a tal extremo que la Justicia prohibió una campaña publicitaria del gobierno federal bajo el slogan “Brasil no puede parar”, que incentivaba la suspensión de las medidas de aislamiento en los estados.
Esa disociación entre las estrictas cuarentenas dispuestas por los gobernadores, por un lado, y las masivas manifestaciones convocadas por Bolsonaro en las que arenga a sus seguidores a volver al trabajo, por el otro, no hace más que generar confusión en un país que se está transformando en el nuevo epicentro mundial de la pandemia. Al 13 de mayo, Brasil ya contaba 12,703 muertes por coronavirus y 180,737 infectados.
“Ciertamente, el aumento de casos (en Brasil) en los últimos días es motivo de preocupación y la llamada es a continuar fortaleciendo las acciones recomendadas por la OMS y la OPS”, dijo el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud, Marcos Spinal.
Al desgajamiento del capital político de Bolsonaro por su manejo de la crisis sanitaria se sumó a fines de abril la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, el político con mayor imagen positiva del país. Moro, un ex juez que tomó notoriedad en 2018 por su fallo que envió a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dimitió tras denunciar a Bolsonaro por interferir en las investigaciones que la Policía Federal está llevando adelante contra sus dos hijos y políticos cercanos al gobierno.
Si bien el presidente contraatacó fiel a su estilo y acusó a su ex ministro de Justicia de ser un “Judas”, la salida de Moro representa un duro golpe. “El gobierno de Bolsonaro estaba basada en tres agendas: una económica liberal, otra de anticorrupción y otra de restauración conservadora de las costumbres”, dice Stumpf González.
“La agenda anticorrupción ha perdido gran parte de su apoyo con la salida del ministro Moro y las reformas económicas están ahora en pausa por los efectos del coronavirus, por lo que solo la agenda conservadora, basada en un anticomunismo propio de la Guerra Fría, es la que sostiene a Bolsonaro con su núcleo duro de adherentes”, señaló el polítologo.
Ese sector incondicional se identifica con las posturas más extremas del presidente. Esas posiciones van desde los elogios a la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 hasta las apelaciones a favor de la pena de muerte y la tortura. A eso se suman los recurrentes comentarios racistas y homofóbicos de Bolsonaro, además de sus continuos ataques a la oposición, la Justicia, las organizaciones ambientalistas, las asociaciones defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación críticos.
En ese repliegue hacia su base electoral más dura, el presidente brasileño viene cediendo cada vez más poder a las Fuerzas Armadas. “Bolsonaro está más aislado que hace unos meses, pero todavía cuenta con apoyos importantes”, dice Silvio Cascione, analista de la consultora de riesgo Eurasia, en Brasilia. “Además de contar con una porción importante de la población que lo apoya, aún tiene el respaldo de los militares, quienes tienen cada vez más puestos en el gobierno”. Nueve de los 22 ministerios –entre ellos, la jefatura de gabinete- están a cargo de militares.
Efectos sobre la economía
Además de los impactos políticos, la irrupción del coronavirus terminó de desbaratar la agenda de cambios económicos que Bolsonaro prometió cuando asumió el mandato el 1 de enero de 2019. Tras la peor recesión de su historia –el PIB cayó 3.8% en 2015 y 3.6% en 2016-, la economía brasileña registró una recuperación apenas moderada en los años siguientes. En ese marco, la promesa de una mejora de la mano de las reformas impulsadas por el ministro Paulo Guedes, un economista formado en la ortodoxia de la Universidad de Chicago, le permitió a Bolsonaro ampliar su base de apoyo original.
Luego de la aprobación en el Congreso de un histórico cambio al sistema de pensiones con el que se pretende reducir el elevado déficit fiscal de Brasil, la economía parecía lista para despegar. De hecho, las proyecciones para este año coincidían en un alza del 2.4% del PIB. Sin embargo, el escenario dio un giro radical: según el FMI, la octava economía del mundo se contraerá 5.3%, y para JP Morgan, el derrumbe se estirará al 7%.
“Bolsonaro logró compensar el costo político de la salida del ministro Moro con un crecimiento de su popularidad en los sectores más pobres que dependen de la ayuda estatal para morigerar los efectos del coronavirus”, dice Cascione. “El dilema que se le plantea ahora es que si mantiene el ajuste fiscal propuesto por el ministro Guedes, puede perder apoyo en esos segmentos más pobres y quedar aún más vulnerable en términos políticos”. A diferencia de Guedes, el ahora fortalecido sector militar del gobierno impulsa un ambicioso plan de obras públicas para reactivar la economía.
Sobre esa delgada línea deberá transitar Bolsonaro en los próximos meses, más aún si se tiene en cuenta que en el Congreso ya fueron presentados cerca de 30 pedidos de juicio político en su contra. Aunque se necesitan dos tercios de los votos para sacar a Bolsonaro del cargo, proporción que hoy no parece probable de ser alcanzada, hay antecedentes en Brasil que deberían intranquilizar al presidente. El derechista Fernando Collor de Melo y la centroizquierdista Dilma Rousseff, dos de los cinco mandatarios que surgieron de elecciones libres tras el regreso de la democracia, salieron del poder tras sufrir un juicio político en su contra.
“La estrategia de Bolsonaro es, por un lado, apoyarse en su grupo de seguidores más fanáticos y, en simultáneo, empezar a negociar con las élites tradicionales del Congreso para bloquear los pedidos de juicio político en su contra”, dice Stumpf González. “La gran pregunta a mediano plazo es hasta qué punto los militares, que quedaron como exclusivos garantes del gobierno, continuarán sosteniendo a Bolsonaro o preferirán restarle apoyo para impulsar al vicepresidente, el general Hamilton Mourao”.