El estado de Nueva York anunció el jueves que presentó una acción judicial contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) y su líder Wayne LaPierre por fraude financiero y conducta inapropiada, con el objetivo de disolver el grupo de lobby conservador.
La fiscalía estatal acusa a los directivos de la NRA de desviar millones de dólares para uso personal.
"La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización no fue controlada durante décadas mientras los altos ejecutivos desviaban millones a sus propios bolsillos", dijo la fiscal general del estado, Letitia James.
La acción es resultado de una investigación abierta en 2019 y puede poner contra las cuerdas a una organización con más de 5 millones de miembros y un gran poder, pero que atraviesa actualmente importantes problemas financieros y luchas internas.
"La NRA está plagada de fraudes y abusos, por lo que hoy buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley", señaló James.
En su demanda, James describe una cultura de mala administración y supervisión negligente ilegal, opresiva y fraudulenta dentro de la organización, especialmente por parte de cuatro de sus principales responsables a quienes acusa de llenarse los bolsillos durante años.
Según la fiscal, LaPierre, que dirigió la NRA desde 1991, y otros tres altos funcionarios de la NRA usaron fondos y donaciones de miembros por años como su "alcancía personal". Y gastaron decenas de millones de dólares en sí mismos y en cómplices violando las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro, indicó la funcionaria.
Los cuatro "básicamente saquearon sus activos", dijo James, y dejaron prácticamente insolvente al grupo otrora rico que inyectó millones en campañas políticas republicanas.
Más recientemente, el liderazgo de LaPierre en la NRA había comenzado a ser muy cuestionado, precisamente por sus presuntos desmanes financieros y su gusto por el lujo.
A LaPierre, la fiscal lo acusa entre otras cosas de gastar cientos de miles de dólares en aviones privados para él y su familia, de usar ese medio de transporte para ir ocho veces a las Bahamas o de dejarse 3.6 millones de dólares de la NRA en consultores de viajes y vehículos de lujo con conductor.
También de recibir más de un millón de dólares en reembolsos de gastos en tan solo cuatro años, cuando esos gastos incluían regalos para amigos, clubes privados y vacaciones, así como de asegurarse para sí mismo un contrato de más de 17 millones de dólares una vez que abandone el cargo.
"El señor LaPierre explotó la organización para su beneficio, el de su familia y un círculo cercano de personal de la NRA", señaló James, que denuncia otras irregularidades como la presentación de documentos falsos.
La presentación judicial indica que muchos de esos abusos eran avalados por los otros tres acusados, todos reclutados por LaPierre.
Entre ellos, el ex tesorero de la NRA Wilson Phillips, a quien se acusa de contratarse a sí mismo como consultor de la organización por 1.8 millones de dólares, y de ocultar decenas de millones en gastos para ejecutivos de la NRA, como los pagos al contratista de relaciones públicas, Ackerman Queen.
Fueron igualmente acusados el consejero general John Frazer, y el ex jefe de personal, Joshua Powell.
James, como fiscal general de Nueva York, tiene autoridad regulatoria sobre la NRA, dado que esta está registrada en ese estado como una organización sin ánimo de lucro.
En un comunicado, la NRA acusó a James de realizar una demanda para "sumar puntos políticos" en vistas a los comicios en tres meses.
"Este fue un ataque infundado y premeditado a nuestra organización y a las libertades de la Segunda Enmienda que lucha por defender", dijo la presidenta de la NRA, Carolyn Meadows, en la nota.
Además, agregó que la NRA presentó una contrademanda este jueves acusando a James. "No solo no nos alejaremos de esta lucha, sino que confrontaremos y prevaleceremos", dijo Meadows.
La fiscal negó que actuara por motivación política. Pero dijo que el estado solo ha obligado a cerrar otras dos ONGs en los últimos años, una de ellas, la Fundación Trump.
Durante décadas, la NRA ha representado a millones de propietarios y defensores de armas en todo Estados Unidos, luchando con un éxito sustancial para debilitar y eliminar leyes que impusieran controles, basándose en la Segunda Enmienda de la Constitución.
En la política, la NRA respaldó a los candidatos que se alinearon con sus puntos de vista y golpeó a quienes apoyaron la regulación de las armas de fuego.
LaPierre se convirtió en uno de los principales hombres de poder en relación al tema en Washington.
Tuvo un papel importante en las elecciones de Donald Trump en 2016, y los hijos de Trump, Eric y Donald Jr, son miembros y participan regularmente en eventos de la NRA.
Consultado sobre la demanda, Trump dijo en la Casa Blanca que era "algo terrible". Y añadió: "Creo que la NRA debería mudarse a Texas y llevar una vida muy buena y hermosa".
En la tarde, Trump tuiteó que el gobierno de "extrema izquierda" de Nueva York buscaba terminar con la segunda enmienda y dijo que un triunfo de Biden desaparecería el derecho de portación de armas de los estadounidenses.
Just like Radical Left New York is trying to destroy the NRA, if Biden becomes President your GREAT SECOND AMENDMENT doesn’t have a chance. Your guns will be taken away, immediately and without notice. No police, no guns!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2020
La acusación de James se produce cuando se esperaba que la NRA, aunque económicamente debilitada, inyectara grandes sumas en las elecciones generales de noviembre.
Jason Ouimet, directivo del grupo de lobby, dijo el jueves al Washington Free Beacon que pondrán "decenas de millones de dólares" en candidaturas por todo el país.
