Estas son las causas profundas de la inestabilidad política en Perú

Alan García, quien había sido acusado de recibir cerca de 24 millones de dólares también de Odebrecht, decidió quitarse la vida en abril de 2019 ante el avance del proceso judicial. Por último, Pedro Pablo Kuczynski, que había sido ministro de Economía durante la gestión de Toledo, también fue acusado de recibir coimas de parte de la constructora brasileña y cumple arresto domiciliario.

Esa larga trama de escándalos de corrupción, que ha venido degradando al sistema político peruano en los últimos 25 años, acaba de tener su desenlace con la sucesión de tres presidentes en apenas ocho días.

"La actual inestabilidad política es el detonante una crisis tan larga como profunda", dice Paula Muñoz Chirinos, profesora del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, en Lima. "Desde mediados de los años 90, hay una crisis de representación en Perú: colapsó el modelo de partidos y no se han construido otros, con lo que solo quedaron estructuras muy flexibles configuradas en torno a personas".

Ese contexto incentiva la inestabilidad en un país que tiene, en la práctica, un sistema semi parlamentario de gobierno. Solo con el 20% de los congresistas, se puede pedir una moción de vacancia al presidente; con el 40%, puede admitirse esa propuesta y con el 66%, puede aprobarse.

En medio de una extrema fragmentación del sistema político —en la última elección se presentaron 25 partidos para escoger a los 130 parlamentarios—, los presidentes de turno quedan a tiro de una remoción según las alianzas que se tejan en el Congreso, que es unicameral. Esa tensión permanente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo viene marcado el pulso de la política peruana en los últimos años.

El último de esos capítulos comenzó en 2019, cuando Martín Vizcarra, quien había asumido la presidencia un año antes tras la destitución de Kuczynski, decidió, ante los obstáculos puestos a la reforma de la Justicia, disolver el Congreso y llamar a elecciones parlamentarias.

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Sin una estructura partidaria que lo respaldara, Vizcarra no presentó candidatos propios. Esa decisión anticipó su suerte: ante la moción de vacancia en su contra por "incapacidad moral permanente" presentada por miembros del Parlamento, solo 19 de los 130 congresistas votaron por la continuidad de Vizcarra el 9 de noviembre pasado.

No obstante, lejos de la apatía con la que buena parte de los peruanos habían vivido los traspasos de poder de los últimos años, la destitución despertó masivas protestas en las calles. "En esta pugna con el Congreso, Vizcarra era quien estaba defendiendo una agenda de reformas, tanto en la Justicia como en la política en general", dice Muñoz Chirinos.

"Su destitución se leyó, entonces, como un golpe institucional que implicaba una vuelta atrás en una serie de temas, una suerte de contrarreforma que buscaba beneficiar a grupos de interés implicados en algunas denuncias". Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 83% de la población cree que los congresistas removieron a Vizcarra por intereses políticos o personales.

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Esos temores recrudecieron con la asunción de Manuel Merino, quien era el presidente del desprestigiado Congreso. Luego de conformar su gabinete con dirigentes conservadores y representantes emblemáticos de la vieja casta política, Merino fue observado por buena parte de la población como el mascarón de proa de quienes pretender frenar los cambios en marcha en Perú.

Uno de ellos corresponde a la reforma de la educación superior. Siguiendo el modelo de Chile, Perú privatizó la educación superior a mediados de la década del 90. Sin regulación estatal, desde entonces se multiplicaron las universidades con fines de lucro sin estándares mínimos de calidad. Ante eso, en los últimos años se han venido introduciendo cambios para volver garantizar la calidad de la enseñanza.

Sin embargo, los sectores parlamentarios que se hicieron cargo del gobierno tras la destitución de Vizcarra —muchos de ellos de estrecha vinculación con empresas educativas denegadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)— plantearon volver atrás con las reformas.

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Ese tipo de maniobras, a las que se sumó el intento de remoción del procurador general del Estado y la censura en los medios de comunicación estatales para que no se difundieran las protestas, empujaron a las calles a miles de jóvenes. La represión ordenada por el gobierno de Merino terminó con la muerte de Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Bryan Pintado Sánchez, de 22. La creciente indignación social por el asesinato de esos dos jóvenes no dejó a Merino otra salida que la renuncia apenas seis días después de haber asumido.

Luego de más de 24 horas en el que Perú no tuvo presidente, el lunes pasado los congresistas eligieron para asumir el cargo a Francisco Sagasti, legislador del centrista Partido Morado, una agrupación que no apoyó la destitución de Vizcarra en el Congreso. Conocido por su vocación por alcanzar acuerdos, el principal objetivo de Sagasti es garantizar que las elecciones presidenciales pautadas para el 11 de abril del año próximo se cumplan en tiempo y forma.

“Hay un péndulo en Perú: del gabinete superconservador de Merino, integrado por dirigentes con antecedentes de racismo y machismo, pasamos a otro de Sagasti, que ha designado a una abogada feminista (Violeta Bermúdez) como jefa de gabinete y a un ministro de Educación (Ricardo Cuenca) que siempre ha defendido la reforma universitaria”, dice el analista político José Incio Coronado, de la Universidad de Pittsburgh.

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¿Hasta dónde llegarán los cambios?

Aunque la designación de Sagasti calmó las tensiones en el corto plazo, las causas profundas que impulsaron la reacción de buena parte de la sociedad peruana siguen en pie. En ese marco, el interrogante es hasta dónde avanzarán los cambios.

"El nuevo escenario generará un efecto en el corto plazo: una buena porción del electorado definirá su voto el 11 de abril en función de quién estuvo a favor y quién en contra de la vacancia de Vizcarra", dice Muñoz Chirinos. "Ahora bien, aún es muy pronto para saber si estas protestas con una participación masiva de jóvenes disparará cambios más profundos a mediano plazo".

Si bien no se percibe una agenda común entre los manifestantes, asoman algunos consensos amplios, como la necesidad de avanzar hacia una mayor transparencia y renovación de la política. A eso se suma un evidente rechazo a dar marcha atrás con algunas de las reformas que se vienen implementando, como la de educación superior. Con todo, el proceso de cambio peruano está aún lejos de adquirir una profundidad similar al del vecino Chile, donde está en marcha la redacción de una nueva Constitución.

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En cualquier caso, la agenda de temas en debate en Perú se abrió. "Como la economía del país crecía, se asumía que todo lo demás iba a venir solo", dice Muñoz Chirinos. "Pero, de pronto, la irrupción de la pandemia hizo que mucha gente descubriera los severos déficits del estado, las cosas que han dejado de hacerse porque en estos años de bonanza se privilegió el crecimiento macroeconómico".

Si bien entre 2000 y 2019 el PIB de Perú registró una expansión promedio del 4,8% —una de las tasas más elevadas de América Latina—, buena parte de los déficits históricos del país todavía no han sido removidos. Uno de ellos es la escasa inversión en salud. El presupuesto estatal ronda el 3% del PIB, lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esa brecha se volvió aún más evidente tras la irrupción de la pandemia. Entre los países con más de un millón de habitantes, Perú solo tiene menos muertos que Bélgica con relación a su población en todo el mundo. Muchos de esos fallecidos no llegaron a ser ni siquiera atendidos ante un sistema de salud que colapsó durante el pico de los contagios.

La rebelión de la generación del Bicentenario —así denominan a los jóvenes que participaron en las protestas— promete marcar un quiebre en la larga inercia de desgaste del sistema político de Perú. De acuerdo a un reciente sondeo del IEP, el 60% de los jóvenes entre 18 y 24 años tiene mucho o algo de interés en la política, un salto frente al 43% de febrero pasado.

"Hubo un hartazgo con el cinismo de la dirigencia política, pero el gran problema es que el poder del Congreso sigue intacto: aún puede desaprobar la designación de un ministro y la válvula para cambiar el presidente sigue abierta", dice Incio Coronado. "No me sorprendería que algo pase en los meses previos a las elecciones y el Congreso trate de dar otro golpe, aunque hay una novedad en el escenario: una generación de jóvenes demostró que puede volver a las calles si eso pasa".