El gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump ordenó sanciones contra la fiscal y contra otros responsables de la CPI en septiembre de 2020.
Estados Unidos, que no es miembro de la CPI, ordenó medidas contra la corte después de no haber logrado que el tribunal dejara de investigar posibles crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán.
Pero Estados Unidos también citó el trato dado por la CPI a Israel, aliado suyo.
Un "tribunal político"
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó la decisión este viernes.
"Hoy, el tribunal probó una vez más que es un órgano político y no una institución judicial", declaró Netanyahu en un comunicado, considerando que, con su decisión, la CPI socavaba el "derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo”.
En cambio, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, afirmó que el fallo de la CPI era una "victoria para la justicia, la justicia y la humanidad, para los valores de verdad, justicia y libertad, y para la sangre de las víctimas y sus familias”.
Pero el departamento de Estado estadounidense indicó que Israel no debería estar regido por la Corte porque no es miembro de ella.
"Tenemos serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre el personal israelí. Siempre hemos mantenido la posición de que la jurisdicción de la corte debería estar reservada a los países que lo consientan o que sean remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU", declaró a la prensa el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.