Fernández designó en lugar de García a Carla Vizzotti, una especialista en medicina interna que se desempeñaba como secretaria de Acceso a la Salud y el sábado asumió la titularidad de la cartera.
El mundo refuerza la vacunación en la incertidumbre por las nuevas cepas
La flamante ministra aseguró este domingo que "de ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP”.
"Esto fue una situación puntual y fue un grupo muy reducido de personas (...) De ninguna manera es una situación habitual, ni hay un vacunatorio paralelo, ni se reservan vacunas para una situación privilegiada", dijo en declaraciones a Radio 10 recogidas por varios medios de prensa.
Vizzotti agregó que la situación no debe "empañar" la gestión de González y aseguró que a partir de ahora se va a elaborar "un plan de monitoreo de administración de las vacunas".
El caso ya ha llegado a la Justicia tras la presentación de al menos tres denuncias para que se investiguen los hechos, entre ellas una del fiscal federal Guillermo Marijuán.
”Resulta difícil comprender cómo, desde una posición de poder y de influencia política, se avasallan todas las normas en pos de un beneficio personal que no hace más que mostrar la bajeza y la catadura moral inexistente de los que intervienen en estos sucesos”, señaló es su presentación.
Otra de las denuncias fue presentada por el abogado Jorge Monastersky, según confirmó hoy a la agencia EFE el propio letrado, quien en su escrito sostuvo que González García "habría ordenado y autorizado a un grupo de personas" a vacunarse en el Ministerio de Salud "alterando las prioridades que las normas específicas indican".
La Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina también ha presentado una denuncia penal que alcanza no sólo al desplazado ministro sino a varios otros miembros de la cartera sanitaria, como Vizzotti, y a quienes presuntamente recibieron la vacuna de forma privilegiada.
"Es inaudito que haya alguien, en este caso la cúpula del Ministerio de Salud, que dictamine quién debe morir y quién debe vivir", aseveró a Efe el presidente de la fundación denunciante, Fernando Miguez.
Con información de AFP y EFE