“Una cuestión que une a Sudamérica es un creciente descontento social y un fuerte sentimiento anti-establishment en países como Chile, Perú, Colombia y Brasil, a lo que se le suma el impacto económico que provoca la pandemia”, dice Daniel Kerner, director para América Latina de Eurasia Group, en Washington. “En ese marco, la evidencia de privilegios para acceder a las vacunas es un factor que agranda aún más la brecha entre la sociedad y la dirigencia política, un nuevo factor que suma más incertidumbre a los resultados de las muchas elecciones que hay por delante en Sudamérica”, añade.
En Argentina, la onda expansiva del escándalo de los “vacunados VIP” todavía no puede ser dimensionada, dado que aún sigue expandiéndose. En un país en el que, al cierre de febrero, solo el 0.6% de la población había recibido el esquema vacunatorio completo contra el COVID-19, los privilegios para acceder a esa inoculación desató una ola de indignación. Más aún si se tiene en cuenta que algunas de las dosis destinadas a políticos afines al gobierno, así como a diputados, senadores, funcionarios, sindicalistas y periodistas, fueron aplicadas en el Ministerio de Salud, donde se montó una suerte de vacunatorio paralelo.
La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia superior al 91%, según estudio
De acuerdo a la denuncia que investiga la Justicia, el Ministerio de Salud de Argentina se habría reservado al menos 3,000 vacunas de los primeros lotes que llegaron desde Rusia. Con eso, el ministro Ginés González García facilitó en secreto la inoculación a amigos del poder y, en muchos casos, a sus familias. En un intento por encapsular las consecuencias políticas del escándalo, el presidente Alberto Fernández despidió al ministro González García y ordenó difundir la lista de los vacunados VIP.
Sin embargo, el esfuerzo por hacer un control de daños de la crisis está lejos de garantizar un resultado favorable. Según una encuesta de la consultora Management & Fit realizada a fines de febrero, el 61% de los consultados en Argentina desconfía del plan de vacunación y el 71% cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados en el “Vacunagate”.
El escándalo amenaza con desbaratar los planes del gobierno argentino. Tras un derrumbe del PIB del 10% en 2020, provocado en gran parte por un extenso confinamiento para intentar evitar la propagación del coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández confía en recuperar este año al menos la mitad de esa caída. Ese proyectado crecimiento de la economía, sumado a una vacunación masiva, conformaban las dos palancas en las que el oficialismo se apoyaba para retomar la iniciativa política y llegar en buena posición a las elecciones parlamentarias de medio término de octubre, unos comicios en los que se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Pero esas proyecciones ahora están en duda. “A corto plazo, habrá un golpe más a la popularidad del gobierno, que ya venía en baja”, dice Kerner. “A mediano plazo, los efectos dependerán de cuánta más información sobre estos privilegios salga a la luz y qué tanto avance el proceso de vacunación. Si empiezan a llegar más vacunas en forma más acelerada, el daño se limitará, pero si eso no se cumple, se reforzarán todos los problemas para el gobierno”.
