Con la reforma se estima que el costo de producir energía se eleve 63,000 millones de pesos (mdp) cada año, monto que tendría que desembolsar la administración pública en subsidios si se deseara mantener la promesa de no incrementar los precios de las tarifas eléctricas, explicó la especialista en el sector energético en el foro Electricidad para el futuro de México, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organizado este jueves.
Esto implicaría una presión extra para la disposición y manejo de los recursos públicos, provenientes en su mayoría del pago de impuestos, los cuales en enero reportaron una caída de 5.8% frente al mismo mes del año pasado, mientras que los petroleros descendieron 54.2% de acuerdo con información de Hacienda.
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De acuerdo con el estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2020, la empresa recibió de Hacienda transferencias por 70,000 mdp el año pasado por subsidios, para este año se estiman en 73,000 mdp.
Este costo se sumaría a otras presiones en el presupuesto, además del bajo desempeño en la llegada de ingresos; costo de la deuda, pensiones, transferencias a los estados, subsidios a la gasolina frente a los incrementos en los precios del petróleo y una creciente necesidad de incrementar los gastos sociales y en salud, dada la emergencia sanitaria, que aún azota al país mexicano.
Este nuevo costo restaría espacio a las finanzas públicas, para destinar recursos a otros rubros, explicó Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Con 60,000 mdp el gasto de la función Salud podría elevarse hasta 10%, en la función Educación hasta 6.4%. En tanto, con 50,000 mdp los presupuestos de las secretarías de Salud, Agricultura, Comunicaciones, Medio Ambiente, Seguridad y Cultura aumentarían 12.5% este año. En tanto, 40,000 mdp es el equivalente al gasto total asignado a la secretaría de Turismo, detalló el directivo del CEESP.
Otro de los efectos que afectarían a la economía y por ende a las finanzas públicas es la cancelación de inversiones directas para la generación de energías renovables. En 2018, el sector energético representó el 20% de la Inversión Extranjera Directa, y en 2020 apenas representó el 6%, refieren estimaciones de la Comisión de Energía del CCE.
