Human Rights Watch compara la situación en Nicaragua con el Perú de Fujimori

"Lo más cercano en el tiempo (que se asemeja a la actual situación en Nicaragua) es el régimen de Fujimori en Perú", aseguró en una rueda de prensa el director de la división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Vivanco recordó que este tipo de estrategias las siguió Fujimori en Perú en la década de los noventa.

"El único gobierno que rompió con los principios de un sistema republicano y democrático en Latinoamérica fue el régimen de Fujimori, que fue responsable de hacerse un autogolpe, cerrar el Congreso, perseguir a los líderes opositores e instaurar un sistema de tipo dictatorial", resumió el responsable de HRW.

Sin embargo, aseguró que "tener simultáneamente a todos los principales líderes democráticos y potenciales competidores o rivales" bajo detención antes de las elecciones en el país, como en el caso de Nicaragua, es una situación "sin precedentes" en Latinoamérica.

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HRW presentó este martes un informe de 38 páginas en el que urge a Naciones Unidas a actuar ante la reciente ola de arrestos contra líderes de la oposición y otros críticos de Ortega.

Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua, que según ella imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre.

"Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (...), pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante", señaló la ex presidenta chilena en su intervención.

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Bachelet lamentó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.

La oposición es perseguida en Nicaragua

En las últimas semanas las autoridades nicaragüenses han detenido e iniciado procesos penales contra los principales candidatos presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora.

El lunes, la ex primera dama María Fernanda Flores se unió a la lista de precandidatos detenidos. Mora fue detenido en la medianoche del domingo. Fue arrestado por la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega.

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A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que "menoscaban la independencia, soberanía" e inciten "a la injerencia extranjera".

También se ha detenido a otros ochos líderes políticos —entre ellos cinco mujeres— y dos dirigentes gremiales.

Estas detenciones, según los analistas, buscan despejar el camino para la reelección del sandinista Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo al frente del país.

La alta comisionada también afirmó que, desde la segunda mitad de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de las protestas de 2018, se ha registrado una escalada de la "persecución selectiva" contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.

"Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y sociedad civil por intentar protestar en espacios públicos", subrayó, señalando que al menos 124 personas están privadas de libertad en el contexto de la actual crisis.

Estos abusos, que también incluyen hostigamientos a medios de comunicación y periodistas independientes, "generan un clima de temor" que en opinión de la alta comisionada "inhibe el ejercicio de los derechos a reunión pacífica, asociación y expresión, esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo".

Cargos inventados

La alta comisionada dijo que que los arrestos han ocurrido "bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias”, e insistió en que las detenciones han estado rodeadas de "graves violaciones de las garantías procesales".

Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, "como en efecto está ocurriendo", aseguró la alta comisionada.

Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión "no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales", así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

HRW fue más allá y señaló que los cargos que enfrentan los cinco precandidatos han sido "evidentemente fabricados" por el gobierno de Ortega.

En el caso concreto de Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial opositora e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó Nicaragua entre 1990 y 1997, Vivanco dijo que "está secuestrada en su hogar y limitada solamente a su dormitorio por delincuentes armados que están en control del resto de su casa y que le han cortado todas las comunicaciones".

"Lo que se busca es sacarla de la contienda electoral para inhabilitarla de cara a las elecciones, lo que deja a Chamorro en una situación de total indefensión", argumentó Vivanco.

También han sido arrestados dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos ex trabajadores de una ONG.

"Esta es una situación gravísima que afecta la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua", sentenció Vivanco.

Un llamado internacional a la liberación

"Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral", dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, llamando a "liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.

La ex presidenta chilena urgió a "cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

Bachelet también apeló a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumente sus esfuerzos para buscar la rendición de cuentas de Nicaragua por las graves violaciones cometidas desde 2018.

Reclamó por último que Nicaragua permita el regreso de la sucursal nacional de la oficina de la ONU que ella dirige, así como otros mecanismos de derechos humanos, "a fin de contribuir a que se supere la crisis que vive el país".

En un comunicado publicado en paralelo a esta reunión, 59 países, incluidos Estados Unidos y varias naciones centroamericanas, urgieron al gobierno de Ortega a liberar a los opositores detenidos en en virtud de unas controvertidas leyes, que, a su juicio, impedirían celebrar elecciones “libres".

"La disolución arbitraria de los partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación", agregaron los firmantes.

"Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas, mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica", concluyen las 59 naciones.

Ante esta situación, HRW pidió este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El artículo solo ha sido invocado en tres ocasiones (1960, 1979 y 1989), ya que los secretarios generales de la ONU suelen acudir a avisos informales para llamar la atención del Consejo de Seguridad.

Asimismo, la ONG insta directamente a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a incluir la crisis de Nicaragua en su agenda e implementar sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, denunció por su parte las "acciones injerencistas" de Estados Unidos y de las naciones europeas y defendió que las leyes en Nicaragua, que "se respetan", "son similares o iguales a la de cualquier país del mundo”.

Ortega, de 75 años, encara una crisis política desde 2018, tras manifestaciones contra su gobierno que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios. Managua afirma que las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado contra Ortega.

Con información de AFP y EFE