Los jueces de la CPI autorizaron en marzo de 2020 a la entonces fiscal, Fatou Bensouda, a investigar los presuntos crímenes de jurisdicción internacional cometidos en Afganistán desde el 1 de julio de 2002. Sin embargo el anterior gobierno de Kabul solicitó ese mismo mes que delegara la investigación a las autoridades nacionales afganas.
Con base en el Estatuto de Roma, por el que se rige la CPI, Bensouda tuvo que responder a la petición de Kabul y paralizar la investigación, pero Khan consideró este lunes que con los cambios acontecidos en Afganistán desde el 15 de agosto, con el control del país por parte de los talibanes, llegó a su fin el “compromiso constructivo del gobierno afgano” con el Estatuto.
"La reciente evolución de la situación política en Afganistán y el cambio de régimen que ha conocido el país han tenido profundas repercusiones", declaró Khan en un comunicado.
"Al cabo de un análisis minucioso, he llegado a la conclusión de que, en vista de las circunstancias actuales, ya no hay perspectivas de que las autoridades nacionales vayan a llevar a cabo verdaderas investigaciones", añadió.
Los magistrados revisarán la solicitud para reanudar la investigación, que había estado examinando presuntos crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas estadounidenses, las tropas del Gobierno afgano y los combatientes talibanes.
