La Comisión Europea propuso el miércoles reforzar su arsenal contra los delitos medioambientales, un proyecto que se inscribe en el debate sobre el reconocimiento internacional del crimen de "ecocidio".
"Con demasiada frecuencia en Europa no existe una verdadera sanción para los delitos medioambientales. Los infractores pueden quedar impunes, hay muy pocos incentivos para respetar la ley", explicó el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
En su directiva actualizada, que deberá ser aprobada por los Estados miembros y los eurodiputados, Bruselas propone duplicar la lista de delitos medioambientales, añadiendo el uso abusivo de productos químicos, el comercio ilegal de madera o de residuos, el vertido de sustancias contaminantes por los buques y la captación ilegal de agua.
La comisión desea también introducir "sanciones más disuasorias y proporcionadas", pidiendo a los Estados que prevean penas de prisión de hasta 10 años en caso de delitos medioambientales que causen la muerte o lesiones graves, así como multas para las empresas de hasta 5% del volumen de negocios mundial, con la posibilidad de excluirlas del acceso a la financiación y la contratación pública.
"Al final, las decisiones recaerán en los tribunales nacionales", pero este texto "les ofrecerá claridad", explicó Sinkevicius. "Los delitos ambientales pueden causar daños irreversibles a largo plazo a los ecosistemas, pero también a la salud humana. Es la cuarta actividad delictiva en el mundo después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación", afirmó.
El ejecutivo europeo desea una aplicación más eficaz del derecho mediante una mejor formación de los policías, fiscales y jueces, facilitando las investigaciones transfronterizas, pero también reforzando la protección de los denunciantes y defensores del medio ambiente que evidencian infracciones.
"Muy a menudo se enfrentan a riesgos considerables, incluso aquí en Europa: acoso, intimidación física, incluso asesinato", observó Virginijus Sinkevicius, que también pide que se luche contra las persecuciones abusivas de periodistas y defensores de los derechos.
A su juicio, el texto permite "contribuir" al debate sobre el reconocimiento del crimen de "ecocidio" por la justicia internacional. "Cubrimos los delitos más perjudiciales para el medio ambiente y proponemos que la magnitud de los daños sea una circunstancia agravante", resumió.
