Después de un 2021 marcado por la abrumadora llegada de extranjeros por la frontera sur de Estados Unidos y las desilusiones en la aplicación de políticas de inmigración, el gobierno del presidente Joe Biden inicia 2022 obligado a encontrar las soluciones prometidas.
Los migrantes estaban esperanzados en que la llegada de los demócratas al poder cambiaría el rumbo de Estados Unidos en el tema migratorio, pero tras casi un año de trabajo la Administración quedó en deuda.
Bajo la legislación, aquellos sin estatus legal que residen en EU desde enero del 2020 podrían solicitar un alto temporal a su deportación y residencia temporal que podría volverse permanente (green card) al cabo de cinco años.
A partir de allí, en tres años podrían iniciar el proceso para naturalizarse como estadounidenses si así lo desearan.
Los solicitantes serán sometidos a chequeos de antecedentes penales, pagar impuestos y completar otros requerimientos básicos.
A diferencia de los indocumentados, los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal (TPS) y trabajadores agrícolas "que cumplan requisitos específicos" inmediatamente calificarían para la residencia permanente.
Al cabo de tres años, podrían también solicitar la naturalización.
La propuesta de ley también aborda una reforma del sistema de inmigración para las familias, al "eliminar tiempos de espera largos, despejar la saturación de casos por atender" y al incrementar los cupos disponibles para familias según su país de origen.
En este marco, contemplarán también que los inmigrantes cuyas peticiones de familiares hayan sido aprobadas puedan reunificarse con sus familiares en Estados Unidos de manera temporal mientras esperan al emisión de sus residencias permanentes.
El proyecto de ley contempla un aumento anual de emisión de visados de empleo de 140,000 a 170,000, de acuerdo con la agencia EFE , y aumenta de 55,000 a 80,000 el número de visados de diversidad (se sortean entre personas de países cuya tasa de migración a Estados Unidos es baja).
Establece también una serie de protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncien explotación al requerir el establecimiento de una comisión gubernamental que incluya a organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores.
Esta legislación propone un enfoque diferente al que se ha visto en propuestas similares anteriores.
En lugar de contemplar el aumento de efectivos fronterizos o la construcción de más vallas, plantea el "despliegue de tecnología que expedite el chequeo y la capacidad de identificar narcóticos y otro tipo de contrabando" especialmente en puertos de entrada.
Una mejora en la infraestructura en dichos puertos también forma parte del plan, con el fin de "mejorar la capacidad para procesar a solicitantes de asilo" y prevenir la entrada de narcóticos al país.
Durante las campañas presidenciales, Biden prometió destinar $4,000 millones de dóalres en un lapso de cuatro años para "abordar las causas latentes" que llevan a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a "huir de sus países".
El plan contempla la misma cifra y explica que funcionará bajo la condición de que dichos países reduzcan "la corrupción endémica, la violencia y la pobreza".
Biden ha prometió deshacer las acciones ejecutivas que Donald Trump puso en práctica en la frontera, pidió a los inmigrantes que no se aventuren hacia el norte porque las políticas no cambiarían inmediatamente.
El plan de legislación del nuevo gobierno promete la creación de "canales legales y seguros" para los solicitantes de asilo y refugiados mediante el establecimiento de centros de procesamiento para registrar y procesar a desplazados.
Otro de los aspectos del proyecto de ley es la eliminación del tiempo límite de un año para introducir solicitudes de asilo en el país, así como el aumento de visados de 10.000 a 30.000. para víctimas de crímenes que violan leyes de EU.
Las decisiones de Biden, sobre la migración, no deselantaron a cientos de migrantes que llegaron buscando quedarse en Estados Unidos.
El gobierno de Biden tuvo que lidiar con más de 1.7 millones de detenciones de indocumentados que cruzaron en el 2021, cifra sin paralelo en las últimas décadas y que sirve de combustible para que los republicanos critiquen a los demócratas y busquen usar el tema migratorio en las elecciones.
El trabajo para detener la llegada de los migrantes ha sido encomendado a la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha dicho se concentrará en atacar las causas de la migración. No obstante, el reloj sigue corriendo y los buenos resultados pueden tardar más allá del 2022.
Otra lucha que no se logró ganar en 2021 y se alarga a este 2022, es el fin de la aplicación del Título 42, que permite expulsar por razones sanitarias a los migrantes que cruzan la frontera. La medida permitió la expulsión de un millón 40,695 migrantes en el año fiscal 2021, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los llamados a la Casa Blanca para que detenga la aplicación de esta norma aumentaron tras la reapertura de las fronteras terrestres de Estados Unidos en noviembre, pero la llegada de la variante ómicron del coronavirus volvió a darle argumentos al gobierno para sostener la medida.
El programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México el desarrollo de sus procesos en Estados Unidos, se convirtió en un dolor de cabeza para la Casa Blanca en 2021 ya que después de cancelarlo tuvo que reanudar su aplicación el pasado 6 de diciembre obedeciendo la orden de un juez federal que falló en favor de una demanda de dos estados conservadores.
Más de 240 grupos defensores de los inmigrantes y decenas de legisladores demócratas han insistido en que la Casa Blanca elimine el MPP, también conocido como “Quédate en México”.
Pero el futuro no se ve muy alentador. El 13 de diciembre el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó la petición del Gobierno para suspender el programa. La batalla continuará en el Tribunal Supremo, al que recurrió la Administración para desafiar los fallos favorables a mantener el MPP.
La Corte Suprema de Estados Unidos examinó el martes 11 de enero una demanda colectiva de migrantes retenidos durante al menos seis meses sin una audiencia con un juez de inmigración, un tema delicado para el gobierno de Joe Biden, que había prometido una política migratoria "más humana".
El tribunal debatirá casos de migrantes que fueron deportados previamente de Estados Unidos pero regresaron tras sufrir persecución o tortura en sus países de origen y a su vuelta entraron ilegalmente y fueron arrestados y retenidos de nuevo, afirmó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Uno de ellos, Arturo Martínez, fue secuestrado por policías después de ser deportado a México, torturado y retenido para pedir el pago de un rescate. Y otro, Eduardo Gutiérrez, fue torturado por pandilleros por su orientación sexual, añadió la organización.
A su regreso a Estados Unidos, estos dos querellantes y otros fueron evaluados por un oficial de asilo que determinó que actuaban de buena fe y se decidió que quedaran a la espera de un proceso judicial para estudiar su situación, detalló la ACLU.
Pero debido a la acumulación de demandas en los tribunales "los casos pueden tardar años en concluir, lo que significa que las personas son detenidas de forma rutinaria durante períodos de tiempo extremadamente largos", explicó la organización.
Después de pasarse meses sin respuesta, pidieron acudir a un juez de inmigración para que determinara si constituían un peligro de fuga o para la comunidad y, en caso contrario, les concediera la libertad bajo fianza, lo cual les fue denegado.
Entonces decidieron ir a juicio. Dos tribunales federales de apelación dictaminaron en 2019 que después de seis meses de detención los inmigrantes tenían derecho a una vista judicial.
El gobierno del ex presidente republicano Donald Trump, quien convirtió la lucha contra la inmigración irregular es una de las prioridades de su presidencia, solicitó entonces a la Corte Suprema que revocara estas sentencias.
Con información de AFP y EFE
