El acoso y la intimidación a mujeres que acudan a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo serán castigados con hasta un año de cárcel en España, según una reforma del Código Penal publicada el 13 de abril.
La nueva legislación, impulsada por el Partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue aprobada por el Senado español el 6 abril, una semana antes de su ubicación en el Boletín oficial del Estado, que marca su entrada en vigor.
Desde el 13 de abril, quienes "para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" acosen a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad" serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o a trabajos comunitarios de 31 a 80 días”, indica la norma.
Las mismas penas están previstas para quien acose a trabajadores de estas clínicas, al advertir la nueva norma que "el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde la aprobación de la ley por la que se despenalizaba el aborto".
Esta reforma pretende garantizar "la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral", así como sus "derechos sexuales y reproductivos”.
El aborto fue despenalizado en España en 1985, únicamente por tres causas: violación, riesgo grave para la madre y malformación fetal, pero no fue hasta 2010 cuando se legalizó la interrupción del embarazo sin justificación médica hasta la decimocuarta semana de gestación.
Según datos oficiales, en 2020 hubo en el país 88,269 abortos, con una tasa de 10.3 por cada 1,000 mujeres.
Pese a ello, las mujeres de este país de fuerte tradición católica siguen encontrando obstáculos porque muchos médicos se niegan a realizar el procedimiento.
Además, frente a algunas clínicas conocidas por practicarlos suelen reunirse activistas antiaborto para tratar de persuadir a las mujeres de que no entren.
Un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en España muestra que el 89% de mujeres que acuden a estos centros se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas.
Estas acciones pueden ir desde rezos, carteles o consignas, hasta interpelaciones directas mostrándoles pequeños fetos de plástico o pidiéndoles que suban a una furgoneta equipada con un ecógrafo.
Un grupo de estos activistas se manifestó el 6 de abril a las puertas del Senado para protestar contra lo que denuncian que es una "criminalización" de sus actividades, según la plataforma Derecho a Vivir, que afirmó que seguirá ofreciendo "ayuda" y "oraciones a las mujeres que lo necesiten".
El gobierno progresista de Sánchez prepara también una ley para garantizar que todos los hospitales públicos realicen abortos, además de un cambio en la legislación para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres, como ocurre en Reino Unido y Francia.
Con información de AFP y EFE
