La nueva ley reduce de 24 a 15 semanas el periodo en que una mujer embarazada puede interrumpir legalmente su embarazo y solo contempla dos excepciones: que la vida de la madre corra peligro y que el feto tenga malformaciones.
"Al firmar esta legislación tan cruel, el gobernador Ron DeSantis está privando a las personas en Florida de la libertad de controlar sus propios cuerpos", dijo Laura Goodhue, directora ejecutiva de la Alianza de empresas Afiliadas a la organización Planned Parenthood, en una de las primeras reacciones.
Figuras del Partido Demócrata de Florida y organizaciones de derechos civiles han criticado la restricción a los derechos reproductivos de las mujeres del estado que representa esta ley, al igual que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Cuando el 4 de marzo pasado concluyó el trámite parlamentario del proyecto Biden afirmó que su Administración "no tolerará la continua erosión de los derechos constitucionales de las mujeres".
Biden definió la ley floridana como "peligrosa mientras que el gobernador DeSantis la consideró "razonable".
La nueva ley establece que para que una mujer pueda interrumpir su embarazo en los supuestos contemplados dos médicos deben certificar que es necesario, algo que los legisladores demócratas trataron de cambiar a solo un médico sin éxito.
