El decreto, que entró en vigor con su publicación, da a Moscú el poder de sembrar el caos en los mercados, ya que podría detener en cualquier momento las exportaciones o romper los contratos con una entidad o persona que haya sido sancionada.
El gobierno ruso tiene 10 días para elaborar las listas de las personas que sancionará, además de los políticos occidentales que ya ha penalizado.
Putin enmarcó de forma explícita el decreto como una respuesta a lo que calificó como acciones ilegales de Estados Unidos y sus aliados, destinadas a privar "a la Federación Rusa, a los ciudadanos de la Federación Rusa y a las entidades legales rusas de sus derechos de propiedad o a restringirlos".
El decreto establece "medidas económicas especiales de represalia en relación con las acciones no amistosas de ciertos estados extranjeros y organizaciones internacionales".
La invasión a Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero llevó a Washington y a sus aliados a imponer las sanciones más severas de la historia moderna a Rusia y a la élite empresarial de Moscú, medidas que Putin considera una declaración de guerra económica.
El intento de Occidente de aislar económicamente a Rusia —uno de los mayores productores de recursos naturales del mundo— ha llevado a la economía mundial a un terreno desconocido, con precios al alza y advertencias de escasez de alimentos.
