La Corte Constitucional despenalizó el miércoles el suicidio médicamente asistido en Colombia, el primer país en América Latina donde los doctores podrán ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel, según determinó el máximo tribunal constitucional.
A diferencia de la eutanasia, que solo puede aplicar un médico y ya es legal en Colombia, el paciente podrá ahora suministrarse un fármaco letal con la supervisión de un doctor.
El alto tribunal, con una votación de seis a favor y tres en contra, decidió legalizar este procedimiento tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB).
La demanda fue admitida por la Corte Constitucional el 1 de septiembre del año pasado y con ella se buscaba declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que establece penas de entre 32 y 108 meses de prisión a quien "eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización".
"Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses", agrega el artículo demandado.
En esa línea, el objetivo de DescLAB no es que "el suicidio asistido sea practicado por cualquier persona en cualquier caso", sino que la Corte decidiera que "cuando un profesional de la medicina presta una ayuda para que otra persona ponga fin a su vida bajo ciertas condiciones, no recibirá un castigo penal".
Así pues, la Corte decidió despenalizar el suicidio médicamente asistido cuando la persona ha manifestado su consentimiento libre, informado e inequívoco para hacer; tiene una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable; está sometida a dolores físicos y psicológicos incompatibles con su idea de dignidad, y la asistencia para la muerte sea prestada por un profesional de la salud.
De acuerdo con la Fundación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la diferencia entre la eutanasia —legal en Colombia desde 1997— y el suicidio asistido "es, básicamente, quién administra el fármaco".
"En el caso de la eutanasia es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte y en el caso del suicidio asistido es el o la paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado", explica la ONG internacional.
En esa línea, Lucas Correa Montoya, director de investigaciones de DescLAB, señaló que se trata de un "nuevo mecanismo" que junto a la eutanasia "permitirá acceder a una muerte médicamente asistida, libre, segura y acompañada".
"Esta decisión es un hito global porque el fallo a favor de la demanda de DescLAB pone a Colombia en el lugar de los estados y países más desarrollados en el tema", agregó Correa.
A pesar de ser el único país latinoamericano y uno de los pocos en el mundo en despenalizar la eutanasia, la ley colombiana sancionaba a quien ayudara a cometer un suicidio.
Sin embargo la inducción al suicidio, o persuasión de un paciente para llevarlo a cabo, seguirá siendo delito.
Un 69.2% de los colombianos está de acuerdo con la eutanasia, incluso en pacientes no terminales, según una encuesta de la firma Invamer.
Según el tribunal, esta práctica será permitida solo para personas que estén bajo "intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable".
Se trata de las mismas condiciones vigentes para acceder a la eutanasia, que en principio estaba reservada para pacientes terminales, pero fue flexibilizada el año pasado por el mismo tribunal.
Quienes incumplan estos requisitos seguirán siendo procesados y eventualmente condenados a penas de hasta nueve años de prisión.
Aunque Colombia da un nuevo paso en el reconocimiento de derechos relacionados con la muerte digna, en la práctica existen vacíos legales que minan el acceso a los procedimientos.
"Si una persona quiere en este momento acceder al suicidio asistido, como no existen protocolos, muy seguramente las instituciones de salud (...) van a negarlo y los pacientes tendrán que acudir" a un recurso de protección para exigirlo, dijo a la AFP Diana Bernal, directora de la Maestría en Bioderecho y Bioética de la Universidad del Rosario.
Según la experta, el ministerio de Salud deberá definir dentro del marco regulatorio los fármacos que podrán ser empleados en estos casos.
España, Holanda, Bélgica y Luxemburgo también permiten la eutanasia, mientras que Suiza, Austria, Alemania, Italia, Nueva Zelanda y algunos estados de Estados Unidos y de Australia reglamentan el suicidio asistido bajo diferentes condiciones, según datos de la Fundación DMD.
Al menos 157 personas han recibido la eutanasia en Colombia, de acuerdo con cifras oficiales.
Una corte progresista
Para la corte, la ley impugnada desconocía "la dignidad humana y los derechos a la vida digna, la muerte digna y el libre desarrollo de la personalidad".
Durante la discusión del suicidio médicamente asistido, el gobierno del conservador Iván Duque expresó su rechazo argumentando que solo el Congreso podía tomar una decisión.
"Adicionar otra opción de muerte médicamente asistida sin la debida y adecuada discusión a profundidad puede tener repercusiones negativas", advirtió el ministerio de Salud en un escrito enviado a la corte.
El Ejecutivo aún no ha reaccionado al fallo.
Con la liberación del suicidio asistido, la eutanasia y el aborto hasta la semana 24, la corte puso a Colombia en la vanguardia de América Latina pese a ser un país de raíces profundamente conservadoras.
Sin embargo, la justicia también protege el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.
En su fallo de este jueves los magistrados exhortaron al Congreso a "eliminar las barreras aún existentes para el acceso" a la muerte digna.
Fue el caso de Martha Sepúlveda, quien sufría esclerosis lateral amiotrófica. Su eutanasia fue cancelada a última hora por un comité médico con el argumento de que aún tenía "altas probabilidades" de sobrevivir.
Sepúlveda impugnó esa decisión y recibió la eutanasia en enero.
Con información de AFP y EFE
