Haití está en llamas una vez más.
El país caribeño es escenario desde hace varias semanas de protestas —algunas de ellas violentas— contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del año pasado. ¿La razón? El gobierno de Haití anunció una nueva subida a los precios de los combustibles.
Los disturbios han llevado al primer ministro haitiano a pedir ayuda militar a la comunidad internacional. El anunció generó aún más protestas.
Estas son algunas de las crisis que enfrenta el país caribeño.
Haití está paralizado desde que una coalición de bandas bloqueó la terminal de combustible de Varreux el mes pasado. La falta de gasolina y diésel ha paralizado el transporte y ha obligado a las empresas y los hospitales a interrumpir su actividad.
La violencia no solo afecta a Puerto Príncipe, la capital de Haití, sino que se está extendiendo a otras ciudades del país, que ya enfrentan escasez de combustible y electricidad, algo que amenaza la vida diaria de millones de personas.
Los grupos armados impiden regularmente el acceso a las instalaciones, deteniendo el flujo de combustible.
En Jeremie, una ciudad costera en el extremo suroeste de la isla, las estaciones de servicio han quedado sin combustible durante meses.
Los residentes se ven obligados a recurrir al mercado negro, donde la gasolina y el diésel están fácilmente disponibles pero a precios seis veces más altos que la tarifa establecida por el gobierno.
"Puedes encontrar combustible en todas partes, excepto en las estaciones de servicio", dijo a la agencia AFP Yvon Janvier, un profesor de derecho.
Es así que, con poco combustible legal disponible y precios altísimos en el mercado negro, los residentes menos acomodados de Jeremie se ven obligados a realizar sus viajes a pie.
La gran mayoría de la energía utilizada en Haití es producida por plantas que queman diésel, por lo que "es muy simple: si no hay combustible, no hay electricidad", dice Janvier.
José Davilmar, director administrativo de la Empresa Pública de Energía Eléctrica del país (EDH), dijo a la agencia francesa que hay "enormes dificultades para transportar el combustible a ciertas localidades de provincia”.
"Más recientemente, tres barcos cargados de combustible no pudieron atracar porque hubo represalias de criminales en Cité Soleil", ejemplificó.
Controlando apenas dos kilómetros de la carretera nacional en Martissant, un suburbio pobre de la capital, las pandillas han ganado poder sobre el flujo de mercancías a la mitad del país.
Los grupos armados tienen el control total de la única carretera pavimentada que conduce a las regiones del sur de Haití desde junio de 2021.
Sin la electricidad de las centrales de suministro, regiones enteras del país deben recurrir a generadores a gas para mantener las luces encendidas.
Para aquellos que no pueden pagar su propio generador, la vida diaria se ha convertido en un dolor de cabeza.
En Cap-Haitien, la segunda ciudad más grande de Haití, los bares y restaurantes equipados con generadores han podido permanecer abiertos pero han reducido su horario de atención debido al aumento del precio del gas.
El alcalde de esa ciudad, Patrick Almonor, advertía desde julio que los cortes de energía han tenido un gran impacto en las instalaciones médicas.
"Los hospitales están trabajando a un ritmo más lento, con servicios reducidos porque hace casi seis meses que la EDH no despacha energía eléctrica en la ciudad", dice Almonor.
El domingo 11 de septiembre, el primer ministro, Ariel Henry, anunció que los precios del combustible debían aumentar, ya que el Estado carecía de fondos para continuar con los subsidios.
El anuncio desató la ira de una población ya golpeada por la inseguridad y la pobreza, y que no solo depende del combustible para el transporte, sino también para la electricidad y para cocinar.
Aunque las protestas contra Henry iniciaron desde finales de agosto, estas se intensificaron el miércoles 13 de septiembre, cuando el gobierno formalizó la suspensión de los subsidios al diésel y al combustible doméstico, en tanto redujo los de la gasolina.
Los precios del diésel y del queroseno pasarán de unos 350 gourdes (moneda haitiana, unos 3 dólares) a casi 670 gourdes (unos 5.70 dólares).
El 16 de septiembre, manifestantes saquearon un almacén del Programa de Alimentos (PMA) de la ONU.
El depósito del PMA ubicado en Gonaïves, la tercera ciudad más grande del país, que contenía 1,400 toneladas de alimentos, fue atacado el jueves por los manifestantes, mientras hubo demostraciones de ira en las calles de la capital, Puerto Príncipe, y en otras ciudades provinciales.
El PMA condenó en un comunicado el ataque a su oficina y el saqueo de su almacén, y destacó que los alimentos iban destinados a programas de alimentación escolar y a las familias y niños más vulnerables de Haití, un país absorbido por la crisis.
"Es simplemente inaceptable. Se suponía que los alimentos saqueados darían de comer a casi 100,000 escolares hasta fin de año", dijo Jean-Martin Bauer, director del PMA en Haití, citado en el comunicado.
Ante la violencia de las pandillas y los disturbios, varios países tomaron la decisión de cerrar temporalmente sus embajadas en Puerto Príncipe. Entre los países que cerraron sus representaciones diplomáticas están México, República Dominicana —país con el que Haití comparte la isla La Española—y Canadá.
República Dominicana y Haití mantienen relaciones tirantes, en especial por el paso de haitianos por la frontera común en busca de mejores condiciones de vida.
Santo Domingo ha endurecido su política de inmigración y construye un muro limítrofe entre los dos países.
Según estimaciones, unos 3 millones de haitianos viven en Dominicana, cuya población no llega a los 11 millones de habitantes, aunque el dato oficial los ubica en 500,000. Unos 7,000 dominicanos, en tanto, residen en Haití.
Estos disturbios y la falta de seguridad están dificultando la contención del nuevo brote de cólera en Haití, mientras que la falta de vacunación deja abierta la puerta a brotes de otras enfermedades que podrían desencadenar nuevas crisis sanitarias, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La institución sanitaria ha confirmado 18 muertes por cólera en el país caribeño hasta el 9 de octubre, con cientos de posibles infectados aun pendientes de que les realicen los test, una información que se conoce después de que las autoridades haitianas confirmaron el inesperado regreso de la mortal enfermedad a principios de este mes.
Hasta el 9 de octubre la OPS habían confirmado 32 casos de cólera, mientras más de 260 posibles infectados están aún pendientes de confirmación en los alrededores de Puerto Príncipe, y casi una cuarta parte de estos casos se han dado en niños de entre uno y cuatro años.
"Los actuales disturbios civiles y la precaria situación de seguridad en el país dificultan los esfuerzos para contener y controlar este brote de cólera", dijo la directora de la OPS, la doctora Carissa F. Etienne, y añadió que esas situaciones deterioran también a otras prioridades sanitarias como son la salud en la maternidad, la malaria, el VIH, la tuberculosis o vacunas rutinarias.
La OPS considera que el riesgo del brote de cólera es "moderado" para el resto de América y "mínimo" en el mundo, mientras que el mayor riesgo lo corren otros departamentos de Haití aún no afectados, así como la República Dominicana, dijo el doctor Sylvain Aldighieri, funcionario de la OPS.
Haití ya sufrió un brote de cólera en 2010 cuando las fuerzas de paz de las Naciones Unidas vertieron aguas residuales infectadas en un río, lo que llevó a las autoridades a pedir disculpas por la propagación que mató a miles de personas.
El gobierno de Henry pidió el viernes formalmente a la comunidad internacional la ayuda de una "fuerza especializada armada" para "frenar, en toda la extensión del territorio, la crisis humanitaria" provocada por la actuación de las pandillas que abundan en el país.
A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó el domingo a "la comunidad internacional (...) examinar" urgentemente el pedido.
También denunció en una carta a los miembros del Consejo de Seguridad que "las bandas criminales que tomaron el control de infraestructuras estratégicas tales como el puerto internacional de Puerto Príncipe", la capital, "y la principal terminal de combustible”.
Esto desató nuevas protestas, donde se registraron escenas de violencia y nuevo saqueos, a los que la policía respondió con gases lacrimógenos, observó un corresponsal de la agencia AFP.
Varias personas fueron heridas por bala y una murió, según el mismo corresponsal.
Los organizadores acusaron a la policía por el deceso. "Esta joven chica no representaba ninguna amenaza. Fue matada al expresar su deseo de vivir con dignidad", denunció un manifestante de unos 40 años que pidió anonimato.
"Estados Unidos y Canadá hacen injerencia en los asuntos internos de Haití", denunció otro manifestante.
"Es cierto que necesitamos ayuda para desarrollar a nuestro país. Pero no necesitamos botas" en el terreno, dijo en referencia al envío de tropas.
"Además, este gobierno carece de legitimidad para pedir una asistencia militar. Nos oponemos a esta opción", agregó.
Funcionarios de Estados Unidos mantuvieron el miércoles conversaciones en Haití sobre solicitudes de intervención internacional para combatir la creciente inseguridad en el país caribeño, pero el gobierno estadounidense se mostró renuente a enviar tropas.
Sin embargo, la administración del presidente Joe Biden anunció restricciones de visado a los haitianos señalados de proteger o financiar a las pandillas, y dijo que trabaja con México en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones específicas y tomar medidas de seguridad adicionales.
Con información de AFP y Reuters
