En la zona agrícola rodeada de bosques madereros devastada por el fuego se repiten escenas de parcelas reducidas a cenizas, animales muertos y gente de campo que de un momento a otro perdió todo.
"Fue un infierno. No logro entender cómo nuestras casas (...) se han quemado. Ha sido un milagro que a algunos se les haya escapado su casa (de las llamas), pero el fuego los rodeó", contó a la AFP María Inés Hernández (55), dirigente social del sector Diñico, en el municipio de Santa Juana, en la región de Biobío.
"Y ahora tenemos el temor de que vuelva el fuego (...). Imagínese, sin agua, ¿dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde? ¿Cómo?", se preguntó angustiada.
El presidente Gabriel Boric asistió al velorio de una bombera en la localidad de Coronel.
"Chile entero llora con ustedes. Estoy acá para decirles que no están solos, que la familia de Yesenia (Muñoz, la bombera fallecida) no va a estar sola", dijo el mandatario.
Ayuda internacional
"La emergencia la enfrentamos con unidad", destacó el presidente Boric en su cuenta de Twitter.
El mandatario se trasladó nuevamente el domingo a la ciudad de Concepción, 510 km al sur de Santiago, y visitó áreas afectadas.
La ayuda internacional comenzó a tomar forma con la partida el domingo desde España de un avión y un contingente de 50 personas entre especialistas, militares y pilotos de drones.
"Acabamos de enviar a Chile un avión con un contingente de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en la extinción y control de los incendios que están azotando el país. Todo nuestro apoyo al pueblo chileno", tuiteó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también anunció el envío de un avión con especialistas a Chile. "Mandaremos un avión a Chile con material y personas expertas en apagar incendios forestales. La crisis climática quema Chile", escribió Petro en Twitter.
La Cancillería chilena sostuvo que se realizan también coordinaciones con Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y México.
La grave situación llevó al gobierno a declarar el estado constitucional de catástrofe en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, lo que permite disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia, restringir el libre tránsito de las personas y utilizar a las fuerzas militares para contener el desastre.
A inicios de 2017, una cadena de incendios que arrasaron unas 460,000 hectáreas dejó 11 muertos, cerca de 6,000 heridos y más de 1,500 viviendas quemadas.
Los focos también se habían iniciado entonces en áreas agrícolas y en bosques, y avanzaron hasta zonas pobladas.
