Donald Trump acaba de hacer historia, pero no de la manera en la que le gustaría. Este jueves se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser inculpado penalmente por presuntamente intentar comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña de 2016.
Sin embargo este no es el único proceso en el que Trump, de 76 años, se ha visto envuelto. El republicano tiene varios casos judiciales abiertos por delitos de tipo político, económico y sexual.
Estas son las investigaciones a nivel estatal y federal que amenazan su carrera por la Casa Blanca en 2024.
Un comité del Congreso, disuelto por la mayoría republicana que asumió este año en la Cámara baja, investigó el papel de Trump en el ataque de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando los legisladores se disponían a certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2020.
Durante varias audiencias, el comité, integrado sobre todo por demócratas, aseguró que el expresidente republicano enardeció a sus partidarios antes del asalto y que "fracasó en su deber como comandante en jefe" durante el ataque.
En su informe final, el panel dijo que Trump no debería volver a desempeñar un cargo público y recomendó que los tribunales federales abrieran un proceso penal contra él, sobre todo por llamar a la insurrección.
Este es el caso que podría desembocar en los cargos más graves contra Trump.
Un fiscal especial, Jack Smith, está investigando asimismo el papel del expresidente en los intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Cuando termine las pesquisas, podría decidir inculparlo o no.
Smith es un fiscal de crímenes de guerra y político independiente. Trump ha acusado al FBI, sin pruebas, de iniciar las investigaciones con motivaciones políticas.
Solo el Departamento de Justicia puede decidir si acusar a Trump, quien calificó la investigación del panel liderado por los demócratas como una farsa políticamente motivada.
Al salir de la Casa Blanca, Trump se llevó cajas enteras de documentos, pese a que una ley de 1978 obliga a todos los presidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, también nombró a Smith para investigar si Trump retuvo indebidamente registros clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, Florida, después de dejar el cargo en 2021 y luego trató de obstruir una investigación federal.
Garland también nombró al ex fiscal federal Robert Hur para investigar la eliminación de registros clasificados en posesión del presidente Joe Biden que datan de su época como vicepresidente.
Es ilegal retirar o retener deliberadamente material clasificado.
En enero de 2022 Trump devolvió 15 cajas. Pero la policía federal estimó que el exmandatario probablemente tenía más en su residencia de Mar-a-Lago.
Posteriormente, agentes del FBI llevaron a cabo un registro, previo mandato judicial, por "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal", y confiscaron una treintena de cajas más.
Solo el Departamento de Justicia puede decidir si acusar a Trump, quien calificó la investigación del panel liderado por los demócratas como una farsa políticamente motivada.
Al salir de la Casa Blanca, Trump se llevó cajas enteras de documentos, pese a que una ley de 1978 obliga a todos los presidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, también nombró a Smith para investigar si Trump retuvo indebidamente registros clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, Florida, después de dejar el cargo en 2021 y luego trató de obstruir una investigación federal.
Garland también nombró al ex fiscal federal Robert Hur para investigar la eliminación de registros clasificados en posesión del presidente Joe Biden que datan de su época como vicepresidente.
Es ilegal retirar o retener deliberadamente material clasificado.
En enero de 2022 Trump devolvió 15 cajas. Pero la policía federal estimó que el exmandatario probablemente tenía más en su residencia de Mar-a-Lago.
Posteriormente, agentes del FBI llevaron a cabo un registro, previo mandato judicial, por "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal", y confiscaron una treintena de cajas más.
El FBI incautó 13,000 documentos de Mar-a-Lago en un allanamiento el 8 de agosto. Alrededor de 100 documentos se marcaron como clasificados; algunos fueron designados alto secreto, el nivel más elevado de clasificación.
Este caso puede desembocar en una inculpación federal.
Otro caso penal al que podría enfrentarse Trump está siendo investigado en el estado de Georgia, donde la fiscalía investiga los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado.
La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, el 2 de enero de 2021. Trump le pidió a Raffensperger que "encontrara" los votos necesarios para anular la derrota electoral de Trump en Georgia.
Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton que finalmente decidirá si presentar cargos contra Trump o cualquier otra persona, le dijo a un juez el 24 de enero que un gran jurado especial había completado su tarea de investigación y que las decisiones eran “inminentes”.
Consiguió testimonios de allegados a Trump, como su exabogado personal Rudy Giuliani.
Este gran jurado recomendó inculpar a varias personas, sin revelar si el expresidente figura entre ellas.
Expertos legales dijeron que Trump pudo haber violado al menos tres leyes electorales de Georgia: conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal para cometer fraude electoral e interferencia intencional en el desempeño de los procedimientos electorales.
Trump podría argumentar que sus discusiones fueron bajo la libertad de expresión protegida constitucionalmente.
En enero, la Trump Organization fue condenada en Nueva York al pago de una multa de hasta 1.6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero.
La Fiscalía de Manhattan había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, asegurando que esta llegó a los niveles más altos de responsabilidad, frente al argumento de la defensa de que sus orquestadores actuaron en beneficio propio y no en nombre de la empresa.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Trump y a la Trump Organization en septiembre pasado por fraude.
James dijo que su oficina encontró más de 200 ejemplos de valoraciones de activos engañosas entre 2011 y 2021, y que Trump infló su patrimonio neto en miles de millones de dólares.
La fiscal general dijo que el esquema tenía la intención de ayudar a Trump a obtener tasas de interés más bajas en los préstamos y una mejor cobertura de seguros.
También dijo que su investigación descubrió evidencia de irregularidades criminales y las remitió a los fiscales federales y al Servicio de Impuestos Internos.
La demanda civil busca impedir permanentemente que Trump y tres de sus hijos adultos administren empresas en el estado de Nueva York, y recuperar al menos 250 millones de dólares obtenidos mediante fraude.
Trump calificó la demanda de James como una cacería de brujas y los acusados describieron las afirmaciones como infundadas. James es demócrata.
Un juez de Nueva York ordenó a un monitor independiente que supervisara la Trump Organization antes del juicio programado para octubre de 2023.
E. Jean Carroll, excolumnista de la revista Elle, presentó dos demandas acusando a Trump de difamarla al negar que la violó en el camerino de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York a finales de 1995 o principios de 1996.
Carroll demandó por primera vez a Trump después de que le dijera a un reportero en la Casa Blanca en 2019 que no la conocía, que "no es mi tipo" y que mintió para aumentar las ventas de sus memorias.
La segunda demanda surgió de una publicación en las redes sociales de octubre de 2022 en la que Trump calificó la acusación de violación como un "engaño", una "mentira", una "maquinación" y "una estafa total”.
Esa demanda incluye un reclamo por agresión bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, que les dio a los adultos una ventana de un año para demandar a sus presuntos atacantes incluso si los estatutos de limitaciones han expirado.
Trump y Carroll están esperando una decisión de un tribunal de apelaciones de Washington DC. sobre si, según la ley local, Trump debería ser inmune a la primera demanda de Carroll.
La segunda demanda podría ir a juicio el 25 de abril, después de que un juez estadounidense calificara en enero como "absurdo" el intento de Trump por desestimarla.
Con información de AFP, EFE y Reuters
