Recientemente, un grupo de mujeres incendió las casas de cuatro sospechosos, presuntamente meitei, de haber hecho desfilar desnudas por la calle a dos cristianas de la tribu kuki, entre burlas y acosos.
Otra cara de este conflicto son los centros de culto quemados: 220 iglesias y 17 templos hindúes en meses de violencia acometida por grupos de justicieros, según una información de la revista India Today.
Los motivos del conflicto son complejos: tierras, derechos, poder.
Los kuki se oponen a las demandas de los meitei para reservar a su colectivo cuotas en empleos públicos y admisiones públicas como un método de discriminación positiva y temen que esto les permita adquirir tierras en zonas actualmente destinadas a grupos tribales.
El ministro de Interior indio, Amit Shah, prometió "una investigación exhaustiva, profunda e imparcial" sobre la violencia y afirmó que el gobierno "está hombro con hombro con el pueblo de Manipur".
Ajai Sahni, director del Instituto para la Gestión de Conflictos en Nueva Delhi, dijo al New York Times que lo que distinguió la reciente violencia en la India de su larga historia de enfrentamientos sectarios mucho más sangrientos fue la actitud del gobierno.
"El Estado siempre se distanció teóricamente de tal violencia. Siempre hubo una reafirmación, al menos verbalmente, del orden constitucional y del orden secular", dijo Sahni. Bajo el gobierno de Modi, "hay pruebas claras, digamos, de apoyo o respaldo del Estado para posiciones extremistas".