El gobierno de Guyana ha dicho que se mantiene "vigilante" ante las medidas tomadas por Venezuela, y el fiscal general guyanés, Anil Nandlall, apuntó este martes que acudirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si escala la pugna por el Esequibo.
Una nueva provincia
Además de las licencias, Maduro propuso este martes elaborar una ley especial para "prohibir" la contratación con estas empresas que trabajan bajo las concesiones otorgadas por Guyana.
"Propongo (que se le den) tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar", dijo.
No obstante, apuntó que está "abierto a conversar".
Con base en el resultado de la consulta del domingo, Maduro dijo que ejercerá el "poder" que le otorgó el pueblo y avanzó la promulgación de una ley para "la creación de la Guayana Esequiba", una provincia de la región en disputa bajo administración de Caracas.
Además ordenó la creación de una "zona de defensa integral de la Guayana Esequiba", sin explicar mayores detalles, pero que estará ubicada en la población de Tumeremo, estado Bolívar (sur) y fronterizo con la zona en disputa.
Asimismo, pidió poner en marchar un plan de "atención social" para la población de la zona en disputa, "así como la realización de un censo y la entrega de cédulas de identidad a sus habitantes".
Caracas argumenta que el río Esequibo es la frontera natural con Guyana, por lo que el territorio en disputa formaría parte de Venezuela, como en 1777 cuando era colonia de España. Además apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales.
Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas, cuya jurisdicción desconoce Caracas.
