Convertidas en centros de operaciones de bandas criminales, refugios opulentos, teatros del horror y depósitos de cadáveres. Dentro de las cárceles de Ecuador el narco gestó un infierno, cuyas lenguas de fuego se extendieron a las calles.
La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la mayor banda narco del país conocida como Los Choneros, volvió los ojos sobre el frágil control del sistema penitenciario, donde luchas entre agrupaciones dejan más de 460 reclusos muertos desde 2021.
Envuelta en violencia, la nación superó en 2023 sus récords de incautación de droga y asesinatos: 220 toneladas y una tasa de homicidios de 46 cada 100,000 habitantes.
Estas son cuatro claves para entender cómo las cárceles de Ecuador terminaron bajo el poder de las mafias y el régimen de terror que imponen dentro de ellas.
Existe una alianza entre reclusos y algunos policías. El intercambio de información por privilegios en las cárceles rompió códigos de la mafia como el de no delatar, lo que agrietó aún más las rivalidades entre bandas.
"Personajes como Fito, como Rasquiña (exlíder de Los Choneros asesinado en 2020) y como cualquier otro de los jefes de las bandas son Frankensteins del Estado, son el producto del Estado y el narcotráfico", dice a la AFP Jorge Núñez, antropólogo ecuatoriano de la Universidad de Amsterdam.
Suites, discotecas, piscinas y gallos de pelea son algunos de los lujos dentro de las penitenciarías. Fito llegó a grabar un videoclip en su honor en la prisión de la que se fugó horas antes de un operativo para trasladarlo a otra más segura.
"Estas personas vienen de las economías ilegales, pero a la final adquieren su poder al entrar en contacto con (...) la inteligencia policial", agrega Núñez, experto del centro etnográfico Kaleidos.
Para Alexandra Zumárraga, exdirectora de rehabilitación social, otra estocada para el débil sistema carcelario fue haber dado poder a una policía corrupta en el control de los accesos a las penitenciarías.
Un ejemplo de ello es el caso "Metástasis", que evidenció los vínculos entre el narcotraficante Leandro Norero —asesinado en 2022 en una cárcel— con políticos, jueces, policías, fiscales y un exdirector del órgano a cargo de las prisiones (SNAI).
Durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) se eliminó el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que administraba las cárceles. Entonces se creó el SNAI, que no ha logrado frenar la violencia pese a estados de excepción que permiten la militarización de las cárceles.
"Esto dio mucho más acercamiento a los policías con las mafias narcodelictivas", sostiene Zumárraga.
"El Estado perdió totalmente el control de las cárceles, ya ni siquiera los guías (penitenciarios) estaban entrando ahí", añade.
Según Zumárraga, en más de una decena de masacres, la Fiscalía no ha investigado a quienes permiten el ingreso de modernos fusiles, granadas y miles de municiones.
Una cárcel ecuatoriana es casi una sentencia de muerte. Quienes ingresan por delitos ajenos al crimen organizado terminan muertos en masacres o se vinculan a bandas para poder sobrevivir.
La lentitud de la justicia también satura las ya hacinadas prisiones.
En algunas de las matanzas carcelarias, que figuran entre las peores de Latinoamérica, hubo "casos de personas que ya tenían (el derecho a) la boleta de libertad, (pero las autoridades) no la habían emitido y fueron masacradas", expresa Zumárraga.
Los presos además terminan tatuados con los símbolos de las bandas que controlan sus patios, y luego asesinados por sus rivales.
Núñez, quien ha investigado desde 2004 el sistema penitenciario, explica que un preso o su familia debe pagar a las bandas unos 240 dólares mensuales para tener "seguridad".
En las cárceles las organizaciones también enlistan nuevos reclutas y ensanchan así sus economías ilegales.
Frente a la embestida del narcotráfico, el presidente Daniel Noboa declaró el "conflicto armado interno", tildó a las bandas criminales de "terroristas" y desplegó miles de militares.
Considerado antes una isla de paz entre Colombia y Perú —los mayores productores mundiales de cocaína—, Ecuador pasó de tener cuatro organizaciones narco en los 1990 a más de 20 en 2023, ligadas a carteles mexicanos, colombianos y balcánicos, según la presidencia.
El combate al narco incluyó la militarización de cárceles y empobrecidos barrios. Imágenes de las Fuerzas Armadas dan cuenta de presos que desfilan semidesnudos, con las manos atadas y rodeados de soldados. Incluso circulan videos de golpizas y humillaciones.
"Si algo nos han enseñado otros países de la región es que la militarización lo único que crea es más violencia y los únicos afectados de la militarización es la ciudadanía común", apunta Núñez.
Con frecuencia comparado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Noboa planea construir cárceles a su estilo y contratadas con la misma empresa. Organizaciones de derechos humanos ponen la lupa sobre el respeto de las garantías fundamentales de los presos.
