El mandatario retomó el control de las prisiones y su gobierno exhibió imágenes de los reclusos sometidos.
Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero se ha ido transformando en un nuevo bastión del tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado, especialmente Guayaquil por su cercanía al Pacífico.
En los últimos cinco años, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 a 46 en 2023 y la guerra interna toca fondo como ocurrió en Colombia en el siglo pasado, pero con un ingrediente adicional: las cárceles en llamas.
Fiscales en la mira
Los fiscales han estado en la mira de las más de veinte organizaciones criminales que operan en Ecuador.
En junio del año pasado el fiscal Leonardo Palacios fue asesinado en la localidad de Durán, vecina de Guayaquil.
Diana Salazar ha denunciado amenazas de muerte por parte de Los Lobos, una de las principales organizaciones delictivas.
Semanas antes del ataque contra TC, la fiscal general anticipó una de las peores embestidas del narco tras revelar la investigación Metástasis, descrita como la piedra angular que destapará la "narcopolítica" en el país.
Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron "la violencia" e instaron al Estado ecuatoriano "a investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia".
A finales de 2023 también murieron víctimas de criminales el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito y Agustín Intriago, alcalde de Manta, una de las principales ciudades del país.