El enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y Legislativo terminó un año después cuando la Asamblea Legislativa —ahora controlada por mayoría oficialista, tras el triunfo del partido de Bukele en las elecciones legislativas— aprobó el financiamiento.
A partir de este momento, Bukele comenzó a hacerse del control total de los poderes del Estado. Con el apoyo de la mayoría en el Congreso, destituyó al fiscal general y reemplazó a la Corte Suprema con nuevos miembros, que más tarde le habilitarían a buscar la reelección pese a que la Constitución no lo permite.
También ha aprovechado su mayoría en el congreso para su plan maestro: un régimen de excepción de 22 meses que ha limpiado a las calles de crimen, pero ha llenado las cárceles de personas que pueden ser o no delincuentes.
Bukele lanzó su "guerra" contra las pandillas en respuesta a una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana en marzo de 2022, atribuido a las temidas bandas que mantenían control territorial en buena parte del país.
Además, construyó una "megacárcel" para recluir a miles de pandilleros.
El Salvador cerró 2023 con una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes, según el gobierno, lo que atribuye a la polémica guerra contra las pandillas que adelanta bajo el régimen de excepción.
El gobierno solo ha informado de estas cifras a través de declaraciones de sus funcionarios o comunicados de la presidencia, pero desde abril de 2022 no permite el acceso a estadísticas detalladas sobre delitos como los homicidios, diciendo que esa información estará bajo reserva durante siete años.
Ese régimen, que es cuestionado por las organizaciones de derechos humanos porque permite detenciones sin orden judicial, ha llevado al arresto de más de 75,000 personas señaladas de pandilleros, de los que más de 7,000 debieron ser liberados por ser inocentes.
