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Bukele da un ultimátum al Congreso de El Salvador con el ejército de su lado

El presidente busca la aprobación de un préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, algo que los legisladores de su país rechazan por temores de corrupción.
lun 10 febrero 2020 12:47 PM
Ejército.
El domingo entraron militares armados al Congreso de El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio este domingo un ultimátum de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo para seguridad, tras hacer una inusual aparición en el Congreso al que poco antes habían ingresado militares fuertemente armados.

Acompañado por decenas de militares con armas de asalto, y encomendándose a las presuntas enseñanzas de dios, Bukele amenazó a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no cumplían con sus deseos.

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"Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene). (...) Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedará en sus manos", dijo el presidente salvadoreño ante seguidores y empleados estatales congregados cerca del Congreso.

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Momentos antes de hacer el ultimátum, Bukele ingresó en un hecho insólito al estrado que normalmente ocupa la directiva del Congreso en el salón de sesiones y oró: "La decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración", dijo.

El movimiento del presidente para presionar a los legisladores fue respaldado por el ministro de Defensa, René Merino, y el director de policía, Mauricio Arriaza, pero fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

El actual enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en especial el papel que han jugado en él las fuerzas de seguridad, desató las alarmas dentro y fuera del país. Algunos analistas hablan del quiebre del orden constitucional en el país centroamericano.

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Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele gobierna con una minoría en la Asamblea unicameral.

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El préstamo de la disputa

Para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial el gobierno de El Salvador adquirió un préstamo por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual debe de ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en el Congreso.

El dinero, que fue aprobado por el BCIE en octubre de 2019, tendría como finalidad modernizar y fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de Defensa Nacional para brindar servicios de seguridad ciudadana en los territorios más vulnerables de El Salvador y con impacto en todo el país.

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Sin embargo, los diputados de los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que juntos suman 60 votos, aseguran que el Ejecutivo no ha especificado en qué concretamente serán ocupados los fondos.

En noviembre de 2019, el ministro de hacienda, Nelson Fuentes, señaló que los recursos se usarán para la adquisición de equipo tecnológico para combatir la delincuencia y serviría para renovar las instalaciones del Hospital Militar y fortalecer las clínicas para la atención a policías y soldados.

"Queremos fortalecer los sistemas de vídeo vigilancia en el país, mejorar las capacidades institucionales, de movilidad y reacción investigativa, y proteger la identidad personal de las fuerzas que intervienen en el control de la seguridad", señaló Fuentes.

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Los diputados de Arena y del FMLN, que integran la Comisión de Hacienda que estudia dicho préstamo, temen que unos 25.9 millones del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una firma mexicana de videovigilancia que presuntame financió un viaje a un funcionario del gobierno de Bukele.

La empresa mexicana pagó los gastos de un viaje en avión privado que el viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna, hizo el año pasado, confirmó una investigación del periódico El Faro publicada el 3 de febrero.

"El viaje del señor Osiris Luna está ligado con la vídeo vigilancia, ¿sí o no?, porque si la empresa que le pagó el viaje es la que está licitando la vídeo vigilancia no habría transparencia", se preguntó el pasado viernes el diputado Mauricio Vargas, del opositor Arena.

Esta situación no ha sido aclarada por las respectivas autoridades gubernamentales.

Bukele se enfrenta al congreso

El viernes surgió una confrontación entre Bukele y el Legislativo, cuando el presidente —apoyado en una resolución del consejo de ministros— llamó a la Asamblea a sesionar de manera extraordinaria el fin de semana para aprobar el préstamo.

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El mandatario se amparó en el artículo 167 de la Constitución para hacer el llamado urgente al Congreso, pero la Asamblea le respondió que la convocatoria era "improcedente" porque el mencionado artículo solo prevé llamar a sesión extraordinaria en casos de emergencia nacional.

Bukele entonces llamó a sus seguidores a apelar al derecho constitucional a la insurrección para reclamar a los parlamentarios por desatender la orden del consejo de ministros.

"Cuando los funcionarios rompen el orden constitucional, el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios", arengó Bukele.

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Lo cientos de salvadoreños que respondieron a la llamada de Bukele agitaban pancartas y hacían sonar silbatos a las afueras del recinto oficial, mientras soldados y policías esperaban para protegerlos, según un testigo de la agencia Reuters.

El presidente subrayó que si este lunes los diputados, convocados a sesión plenaria, no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y "si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución".

Dicho artículo "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección", para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".

Preocupación internacional

El choque de poderes provocó la preocupación de diferentes sectores dentro y fuera del país en virtud de la intervención de los militares y policías que respaldaron al mandatario, en un hecho que no ocurría desde el fin de la guerra civil en 1992.

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El cardenal Gregorio Rosa Chávez advirtió que el país está ante un conflicto evidente con "dos posturas bastante radicales", por lo que instó a las partes a "bajar los niveles de confrontación y volver a los niveles de la racionalidad".

Por su parte, el analista y ex ministro de Justicia Francisco Bertrand, tras calificar fuera de lugar el llamado de Bukele, dijo que el país ha vivido la situación "más grave" de las últimas décadas y similar a las que sucedían en los años 1950 y 1960 durante los regímenes militares.

En Centroamérica, el gobierno de Costa Rica hizo un llamamiento al gobierno a que "se mantengga el respeto a la institucionalidad democrática" e instó a promover "un diálogo constructivo" en un ambiente de paz.

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En tanto, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, escribió que "apoya" a Bukele en su esfuerzo por brindar seguridad y también instó al diálogo y al "fortalecimiento" de la democracia salvadoreña.

Amnistía Internacional por su parte escribió en Twitter que "el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos".

La Unión Europea también expresó en un comunicado la "gran preocupación" que ha causado el "enfrentamiento" entre las instituciones salvadoreñas.

Bukele ha alcanzado altos índices de popularidad en gran parte por su política de seguridad, que ha propiciado una reducción en la percepción de la criminalidad. En 2019, los homicidios se redujeron un 28%.

Las pandillas son responsables de gran parte de la violencia en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35.6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2019.

Con información de EFE, AFP y Reuters

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