Quien gane las elecciones en EU deberá cooperar con México en migración

La ley texana —actualmente suspendida por una orden judicial— permitiría a la policía estatal detener a cualquier persona sospechosa de haber entrado de manera irregular a territorio estadounidense, con penas de hasta 20 años de prisión y el permiso de deportar a México a estas personas.

“México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado. México tiene el “derecho legítimo a proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y a determinar sus propias políticas con respecto a la entrada en su territorio”, indicó la cancillería mexicana.

Aunque Donald Trump, virtual candidato republicano a la presidencia, ha prometido "la operación de deportación más grande de la historia de Estados Unidos" y el presidente Joe Biden dijo que una medida fronteriza bipartidista del Senado ahora descartada le permitiría "cerrar temporalmente la frontera", ninguno de los dos escenarios podría ocurrir sin el visto de bueno de México y otros países que deben aceptar migrantes retornados y cooperar para detener el movimiento de otros a la frontera de los Estados Unidos, de acuerdo con un reporte del Migration Policy Intitute (MPI).

“De manera más general, los líderes de la Ciudad de México, San Salvador, Quito y muchas otras capitales desempeñan un papel clave en la configuración de la migración antes de que llegue a los Estados Unidos”, indica el MPI.

Las políticas nacionales para limitar o acelerar los movimientos migratorios en la región pueden estar moldeadas por la presión de los Estados Unidos, pero los países latinoamericanos diseñan este tipo de medidas con bases en sus propias políticas internas y desafíos de capacidad.

México: un jugador clave

México es el país que juega el papel más importante para que las políticas migratorias estadounidenses funcionen o fracasen. Desde 2007, con la Iniciativa Mérida, México y Estados Unidos han cooperado en materia de gestión migratoria.

Bajo la administración Trump, las relaciones con México tomaron un tono diferente, en parte por la agenda antiinüigrante del presidente estadounidense, pero también por los fenómenos migratorios que surgieron o se intensificaron en América.

En 2018 y 2019, el aumento de la migración no autorizada de Centroamérica desafió a los sistemas de inmigración mexicanos y estadounidenses por igual.

Bajo la amenaza de aranceles, el gobierno mexicano acordó en 2019 cooperar con los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, más comúnmente conocidos como Permanecer en México), un esfuerzo de los Estados Unidos en virtud del cual ciertos migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos tuvieron que esperar en México hasta la determinación de su caso judicial.

Este fue el primer acuerdo formal en el que México aceptó el regreso de migrantes no mexicanos de los Estados Unidos y marcó un punto de inflexión en la cooperación fronteriza entre Estados Unidos y México.

Entre 2019 y 2022, el año en que el gobierno del demócrata Joe Biden terminó con los MPP, más de 81,000 personas se inscribieron en el programa, que fue fuertemente criticado por los defensores por no tener el debido proceso y obligar a los migrantes a esperar en áreas a menudo peligrosas en el norte de México sin acceso a las necesidades básicas.

En 2021, el gobierno de los Estados Unidos y la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desarrollaron el Marco del Bicentenario para reemplazar la Iniciativa Mérida.

Desde entonces, los dos países han cooperado ampliamente, ya que los encuentros fronterizos de los Estados Unidos de migrantes de países lejanos han aumentado a niveles récord en los últimos tres años. Entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2023, los encuentros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) de nacionalidades más allá de México, —El Salvador, Guatemala y Honduras—aumentaron de un 12% de todos los encuentros a un 51%.

Además de aumentar la aplicación de la ley y la creación de mayores capacidades en su sistema de inmigración —aún rebasado en varios aspectos— el gobierno mexicano acordó recientemente aceptar las devoluciones de ciertos no mexicanos.

En octubre de 2022, el gobierno mexicano acordó aceptar el regreso cada mes de hasta 30,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos interceptados en la frontera de los Estados Unidos, el mismo número que puede ser admitido en los Estados Unidos a través de un sistema de libertad bajo palabra.

El gobierno de los Estados Unidos ha tenido dificultades para regresar a los nacionales de estos cuatro países debido a las tensas relaciones diplomáticas con Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como a la crisis en Haití.

“En particular, el gobierno mexicano no es un socio pasivo en esta cooperación. Ha aprovechado estratégicamente la cooperación migratoria para satisfacer sus propias necesidades”, indica el MPI.

Aunque el documento señala que no es muy claro que México obtiene de su cooperación con Estados Unidos, pues no hay una relación tan transaccional como la de la Unión Europea con países como Marruecos o Turquía, que obtienen fondos de cooperación para el desarrollo a cambio de contener los flujos migratorios provenientes de Medio Oriente y África, respectivamente.

Con numerosos gobiernos de América reconociendo cada vez más la necesidad de coordinación regional en materia de migración, México también ha consolidado su papel como líder regional.

Debido a que mantiene relaciones diplomáticas con países que los Estados Unidos no, el gobierno mexicano puede organizar debates como una cumbre de octubre en el sur de México con líderes de Cuba y Venezuela, entre otros que es poco probable que alguna vez sean acogidos en la Casa Blanca. Si bien Estados Unidos permanece fuera de estas reuniones, se beneficia de una mayor coordinación regional.