El activista fue asesinado a tiros al salir de una iglesia católica en Tocoa, localidad situada a 220 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, donde también se desempeñaba como concejal.
Su asesinato ha sido condenado por diversas organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y el papa Francisco, lo que resalta la gravedad de la situación de los defensores del medio ambiente en Honduras.
Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, declaró en una rueda de prensa: "Estamos haciendo un llamado al mecanismo de protección de los derechos humanos para garantizar la seguridad de la esposa, los hijos de Juan López y sus compañeros que lo acompañaban en su campaña".
Oliva enfatizó que "ellos están en peligro", refiriéndose a las amenazas que enfrentan quienes se dedican a la defensa de los derechos ambientales.
Leonel George, compañero de López en el CMDBCP y también concejal, comunicó a la AFP que la familia de López ya cuentan con protección policial, pero que otras personas de su entorno siguen expuestas a riesgos significativos.
"Hay suma preocupación porque con la captura de cuatro sospechosos del crimen, el riesgo para aquellos que exigimos justicia ha incrementado", expresó George, subrayando la inseguridad que persiste en la región.
Recientemente, cuatro presuntos autores materiales del asesinato fueron detenidos, aunque las organizaciones sociales locales han manifestado que aún falta por identificar y arrestar a los autores intelectuales detrás del crimen.
López era un crítico ferviente de la explotación minera a cielo abierto, denunciando los daños provocados en una reserva forestal y en los ríos de la zona de Tocoa.
