Desde Tijuana hasta la Patagonia, América Latina vivió un 2024 marcado por varias crisis políticas, fenómenos naturales catastróficos como incendios y huracanes, y un avance del crimen organizado en varios países.
Estos son los personajes que con sus declaraciones y sus políticas de gobierno marcaron el año en la región durante los últimos 12 meses.
Andrés Manuel López Obrador dejó el poder el 1 de octubre de 2024 después de casi seis años de gobernar México con un nivel elevado de popularidad. Las elecciones de junio le dieron el triunfo a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, con casi el 60% de los votos, así como el control de ambas cámaras del Congreso mexicano.
Dos semanas antes de dejar el poder, y en plenas fiestas por la independencia, López Obrador firmó y promulgó una reforma judicial que permitirá, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados a través del voto popular, un experimento que no tiene paralelo en el mundo.
“Es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a sus servidores, eso es la democracia”, dijo López Obrador tras la firma.
Su sucesora en el poder ha seguido con varias de sus políticas e impulsó la aprobación de una reforma que permitió también la desaparición de siete organismos autónomos reguladores, que se encargaban de las telecomunicaciones, la transparencia gubernamental y la competencia económica entre otros aspectos.
Sheinbaum ha llamado la atención fuera de México por su respuesta a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el interior ya prepara políticas públicas para responder a las exigencias del republicano una vez este ocupe la Casa Blanca, en 20 de enero de 2025.
En El Salvador, Nayib Bukele fue reelegido con más del 80% de los votos, a pesar de que la Constitución del país impide que un presidente gobierne durante dos periodos consecutivos, lo que le permitirá gobernar, por lo menos, hasta 2029 este país centroamericano.
La gran popularidad de Bukele se debe en gran parte a la política de mano dura que ha implementado contra las pandillas. En respuesta a una escalada de homicidios, el presidente impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que permite arrestos sin órdenes judiciales, y bajo el cual fueron detenidas unas 83,000 personas, de las cuales unas 8,000 habrían sido liberadas.
"Nadie, absolutamente nadie, discute que el gobierno salvadoreño estaba y está obligado a responder a la violencia de las pandillas", declaró el martes el demócrata James P. McGovern, durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
"Sé que el presidente Bukele es popular (...) Sé que acaba de ganar la reelección, aunque la Constitución prohíba la reelección", pero "quiero decir que solo porque una política pueda ser popular en un momento dado no significa que sea correcta", añadió.
Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, estimó que el gobierno salvadoreño debería cambiar de enfoque para que "rindan cuentas los líderes de pandillas de alto nivel", lo cual según él, no sucede.
"Los salvadoreños no deberían verse obligados a elegir entre la seguridad y otros derechos fundamentales", afirmó.
Sin embargo, a muchos salvadoreños parece importarles poco este tipo de cuestiones mientras la seguridad continúe. De acuerdo con una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, publicada en junio, un 54.4% de la población se siente totalmente satisfecha con su gestión.
Bukele, además, se puede apuntar otro triunfo, gracias a su arriesgada apuesta por el bítcoin, una, que fue adoptado como moneda de curso legal durante su primera presidencia. Después del triunfo de Trump en Estados Unidos, este activo
Daniel Ortega, un exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está nuevamente en el poder desde 2007, dictó en noviembre una amplia reforma constitucional que estipula que "los traidores a la patria" pierden la nacionalidad nicaragüense, cargo con el que fueron acusados la gran mayoría de expulsados del país.
Las reformas promovidas por Ortega también amplían el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta.
El texto concede un poder total al Ejecutivo pues establece que los copresidentes coordinarán "a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales", que antes la Constitución reconocía como independientes.
"La reforma formaliza la decisión de garantizar la sucesión presidencial de Murillo y su hijo Laureano Ortega", dijo a AFP Manuel Orozco, analista nicaragüense de Diálogo Interamericano, al señalar que los copresidentes podrán nombrar a alguno de sus hijos como vicepresidente, antes un cargo de elección popular.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
"La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo," dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada en un comunicado publicado este martes.
"Desde líderes indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y cualquiera que sea visto como un riesgo para las políticas del gobierno, las autoridades siguen consolidando el clima de miedo en el que disentir se castiga con cárcel, exilio o desaparición", agregó.
El izquierdista Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto de Venezuela para un tercer periodo consecutivo (2025-31) en los comicios del 28 de julio, un resultado avalado por el Tribunal Supremo de Justicia aunque no se ha publicado aún el escrutinio detallado de la votación, como establece la ley.
Su reelección es contestada por la oposición liderada por María Corina Machado, que asegura tener copia de más de 80% de las actas de votación que publicó en una página web para demostrar el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia.
La proclamación de Maduro hizo estallar protestas en las que murieron 27 personas, entre estas dos militares, y 200 resultaron heridas. Hubo unos 2.400 detenidos, de ellos 164 menores de edad.
En noviembre la justicia acordó la excarcelación de 225 presos, en su mayoría con medidas cautelares.
González Urrutia se asiló en España el 8 de septiembre, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Machado, a quien la Fiscalía inició una averiguación por "traición a la patria", permanece en la clandestinidad.
Estados Unidos, La Unión Europea y la mayor parte de los países latinoamericanos desconocieron la reelección de Maduro. Washington reconoció a González Urrutia como "presidente electo" de Venezuela en noviembre, un paso seguido luego por Ecuador e Italia.
Maduro anunció que asumirá su nuevo mandato el 10 de enero. González Urrutia ha declarado también que se posesionará ese mismo día en Venezuela.
Heredero del líder socialista Hugo Chávez, Maduro asumió por primera vez la presidencia en 2013.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició el años con la declaración de la existencia de un Conflicto Armado Interno y ordenó al Ejército restablecer el orden en las calles del país. La declaración llegó minutos después de que se supiera que un grupo de delincuentes había irrumpido en un canal de televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo, y de varios días de violencia en todo el país.
“He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos”, dijo el mandatario. En el decreto se declaró como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes a 22 grupos criminales.
Ecuador se había convertido en el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47.2 por cada 100,000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto al año 2016.
Esta declaración de conflicto armado contribuyo a serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, señaló HRW en una carta a dirigida al presidente en mayo.
“En lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un ‘conflicto armado’, el gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización.
Además, Noboa protagonizó la crisis diplomática más grande en la región. El 5 de abril, la policía de Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba como asilado político en la sede consular.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo y recibió un rechazo casi unánime de la comunidad internacional. Desde entonces, Ecuador y México han suspendido sus relaciones diplomáticas y han llevado su disputa a la Corte Internacional de Justicia.
Durante este año, el presidente de Brasil trató de abrir a la mayor economía de América Latina al mundo. El mandatario brasileño recibió entre el 18 y el 19 de noviembre la cumbre del G20, en la que demostró una buena relación con gran parte de los mandatarios del mundo.
Da Silva, de 79 años, termina el año con problemas de salud. El 14 de diciembre recibió el alta médica después de ser sometido de emergencia en Sao Paulo por un hematoma cerca del cerebro derivado de un golpe sufrido hace casi dos meses.
Dos días después se sometió a una nueva intervención complementaria, prevista según los médicos, para minimizar el riesgo de nuevos sangrados.
Su hospitalización esta semana, sin embargo, generó dudas sobre la capacidad de Lula para atender los asuntos públicos e incluso la posibilidad de concurrir nuevamente a las presidenciales en 2026.
Buscando cortar de frente esas especulaciones, hizo declaraciones políticas aún en el hospital, comparando el gobierno de su antecesor, el Jair Bolsonaro (2019-2022), a una "plaga de langostas”.
También denunció al general Walter Braga Netto, exministro y aliado de Bolsonaro, que fue detenido el sábado en una investigación, que involucra al exmandatario y otros aliados, sobre una supuesta tentativa de golpe de Estado para impedir la asunción del izquierdista.
Un año después de su llegada a la presidencia de Argentina, Javier Milei ha cosechado algunos éxitos económicos, con una inflación a la baja y cuentas fiscales que se equilibran.
Pero el suspenso persiste: ¿qué prevalecerá, el alto impacto social del ajuste o la reactivación?
"Amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro", declaró el ultraliberal Milei en junio. Según su visión, el Estado es "una organización criminal" que debe limitarse a la macroeconomía, la seguridad y las relaciones exteriores.
Con este enfoque, el presidente eliminó la mitad de los ministerios, paralizó la obra pública, cerró la agencia estatal de noticias Télam y el Instituto Contra la Discriminación, y despidió a más de 30.000 empleados públicos.
Este drástico ajuste del gasto del Estado, sumado a otras medidas, comenzó a domar a la inflación, uno de los mayores desafíos económicos de Argentina. Aunque fue de 193% interanual, pasó del 25.5% mensual en diciembre de 2023 al 2.7% en octubre.
En otras palabras, los argentinos ya no van al supermercado con el temor de que los precios salten de la noche a la mañana.
El gobierno mantuvo los controles a la compra y venta de divisas, impulsó un blanqueo de capitales e intervino para fijar el precio del dólar, dando ganancias extraordinarias al sector financiero.
Pero "el costo económico social ha sido grande. La pregunta fundamental es si son costos pasajeros o duraderos", añadió Vommaro.
La recesión contraerá la economía un 3,5% en 2024, según proyecciones del Banco Mundial, con un desplome del consumo y una licuación de salarios y jubilaciones. La pobreza alcanzó al 53% de la población en el primer semestre de 2024, un aumento de 11,2 puntos porcentuales desde la asunción de Milei.
