De acuerdo con The Washington Post , la jueza de distrito emitió una orden judicial preliminar después de una audiencia judicial en Greenbelt, Maryland, en una demanda presentada por grupos de derechos civiles que buscan detener la orden de Trump con el argumento de que viola la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda.
Esta medida cautelar se aplica a nivel nacional y permanecerá vigente hasta que se resuelva el caso. La demanda de Maryland es una de al menos seis casos federales impuestos en contra de la orden de Trump.
El fallo de la jueza se produjo casi dos semanas después de que el juez federal de Seattle, John Coughenour , también bloqueara la orden ejecutiva de Trump y calificándola de “manifiestamente inconstitucional”
Tras emitir la orden judicial, Deborah L. Boardman dijo que los demandantes “muy probablemente” tendrán éxito en el fondo de su caso contra la orden del presidente, la cual, según ella, “entra en conflicto con el lenguaje claro de la 14ª Enmienda”.
Además, Boardman agregó que el precedente de la Corte Suprema protege la ciudadanía por derecho de nacimiento.
“Ningún tribunal del país ha respaldado jamás la interpretación del presidente”, afirmó. “Este tribunal no será el primero”.
No obstante, se espera que la administración liderada por Donald Trump apele la orden judicial.
La orden de Trump ordena a las agencias federales, incluido el Departamento de Estado y la Administración del Seguro Social, no emitir documentos de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados y extranjeros con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas.
Las agencias federales también tendrían prohibido aceptar documentos de ciudadanía emitidos por los estados para niños que no cumplan los requisitos de la orden.
Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que esta orden entrará en vigor el 19 de febrero, y los niños nacidos posteriormente se les negaría la ciudadanía. Algunos estudios proyectan que más de 150.000 personas al año caerían en esa categoría.
La demanda en Maryland fue presentada por dos grupos de derechos civiles sin fines de lucro, CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project, en nombre de cinco mujeres embarazadas en Estados Unidos cuyos hijos no recibirían la ciudadanía bajo la orden de Trump.