Musk restó importancia a la ola de dimisiones, calificando a los exfuncionarios como "remanentes políticos" que se negaron a regresar a la oficina tras la orden de Trump de poner fin al trabajo remoto. "Los habrían despedido si no hubieran renunciado", declaró en X.
Desmantelamiento de servicios públicos
El proceso de transformación liderado por Musk ha sido descrito como caótico. Según los renunciantes, la transición comenzó el 21 de enero con entrevistas realizadas por individuos sin identificar, quienes portaban insignias de visitante de la Casa Blanca. Durante estos encuentros, se cuestionó al personal sobre su lealtad política y se tomaron decisiones sin un criterio técnico claro.
Las tensiones aumentaron el 14 de febrero, cuando un tercio del equipo original del Servicio Digital de Estados Unidos, ahora parte de DOGE, fue despedido abruptamente a través de un correo electrónico anónimo.
Los afectados trabajaban en sistemas esenciales como la Seguridad Social, atención médica, servicios para veteranos y plataformas de ayuda en desastres.
En su carta de renuncia, los exempleados advirtieron que la eliminación de estos puestos "pone en peligro a millones de estadounidenses que dependen de estos servicios todos los días" y que la pérdida de personal calificado "hace que los sistemas críticos y los datos de los ciudadanos sean menos seguros".
Trump, por su parte, ha reiterado su intención de reducir al mínimo la burocracia federal y fortalecer el poder ejecutivo mediante decretos. Aunque algunos de sus nombramientos han generado controversia, el Senado ha confirmado sin problemas a la mayoría de los secretarios de su gabinete, incluido Robert F. Kennedy Jr., un abierto opositor a las vacunas, como jefe del Departamento de Salud, y Pete Hegseth, expresentador de televisión, como secretario de Defensa.
Otro punto que ha causado preocupación es el nuevo control que la Casa Blanca ha impuesto sobre la cobertura periodística. Desde este martes, el equipo de comunicación del gobierno tiene la última palabra sobre qué periodistas pueden cubrir las actividades presidenciales, rompiendo con la tradición de que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca gestionara el acceso a los eventos oficiales.