El anuncio fue realizado por el jefe de gabinete de Orban, Gergely Gulyas, a través de su cuenta de Facebook, donde aseguró que "el gobierno iniciará el proceso de retirada, de acuerdo con el marco legal internacional".
La salida de un Estado de la CPI suele concretarse un año después de la presentación formal de la solicitud ante la ONU.
Netanyahu no tardó en celebrar la medida, calificándola de "decisión valiente" y arremetiendo contra la CPI, a la que tachó de "corrupta". En la misma línea, el canciller israelí, Gideon Saar, agradeció a Orban por su "postura moral clara y firme junto a Israel y los principios de justicia y soberanía".
Una jugada política en sintonía con Trump
La postura de Hungría respecto a la CPI se ha endurecido en los últimos meses. El gobierno de Orban había calificado al tribunal de "politizado", en un eco de la posición de Donald Trump, quien impuso sanciones a la CPI en febrero en represalia por sus investigaciones contra Estados Unidos e Israel.
"La decisión húngara está alineada con las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la CPI", explicó Moshe Klughaft, consultor de estrategia internacional y exasesor de Netanyahu. Según él, el líder israelí busca suavizar el impacto de la orden de arresto y reabrir el camino para viajar sin riesgos de detención. "El primer paso es visitar países donde no hay peligro, como Hungría. A partir de ahí, puede allanar el camino para normalizar sus viajes a otras naciones", agregó.
Pese al anuncio de Budapest, la CPI recordó que Hungría sigue obligada a cooperar con el tribunal mientras su salida no se haga efectiva. "Los Estados miembros no pueden decidir unilateralmente el fundamento de las decisiones judiciales de la CPI", señaló el portavoz de la corte, Fadi el Abdallah.
Un desafío jurídico y diplomático
Aunque Hungría firmó y ratificó el Estatuto de Roma en 1999 y 2001, respectivamente, nunca incorporó completamente la convención a su legislación nacional, argumentando que entraba en conflicto con su Constitución. Con base en este tecnicismo, Budapest sostiene que no está obligada a acatar las decisiones del tribunal.