Trump revoca permisos y bloquea beneficios a migrantes legales

La nueva política generó alarma entre defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, quienes señalan que afecta a personas que confiaron en las reglas establecidas por el propio gobierno de Estados Unidos para ingresar y permanecer legalmente en el país.

Revocación masiva de permisos CBP One

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó esta semana la cancelación de más de 900,000 permisos temporales concedidos a través del sistema CBP One, una aplicación creada originalmente durante la presidencia de Joe Biden y utilizada para gestionar citas de ingreso por la frontera terrestre. Aunque fue criticada por su lentitud y opacidad, la app fue vista como una vía legal de entrada que evitaba cruces irregulares.

Ahora, la administración Trump ha decretado que estos permisos ya no serán válidos porque fueron otorgados bajo criterios “laxos” y que no pueden garantizar la seguridad nacional. A los beneficiarios se les notificó que deben abandonar el país de inmediato o enfrentar detención y deportación forzada.

En su lugar, el DHS lanzó CBP Home , una nueva plataforma digital diseñada para “facilitar el regreso voluntario” de las personas migrantes. La aplicación permite gestionar boletos de avión y obtener asistencia logística para salir del país.

“El sistema migratorio debe premiar el cumplimiento de la ley, no a quienes lo aprovechan”, declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem, una de las figuras más influyentes del gabinete de Trump.

Además de la cancelación de permisos, la Administración del Seguro Social (SSA) comenzó a bloquear los números de Seguridad Social de miles de migrantes que obtuvieron su documentación bajo CBP One. Sin un número activo, las personas pierden el acceso a servicios bancarios, empleo formal, seguros médicos y otros beneficios gubernamentales.

De acuerdo con documentos revisados por The New York Times, al menos 6,386 personas ya fueron afectadas, incluyendo familias con niños, trabajadores agrícolas y solicitantes de asilo que se encontraban esperando audiencia en cortes migratorias.

Las autoridades de seguridad nacional habían identificado con estatus legal temporal, pero ahora estaban marcados como parte de lo que Moghaddassi describió como “la lista de terroristas”, o bien señalados por “historial criminal según el FBI”.

Durante su primer mandato, Trump popularizó el concepto de self-deportation (autodeportación), la idea de que si se eliminan las condiciones mínimas de vida, las personas migrantes optarán por irse del país voluntariamente. Hoy, esa visión se traduce en una serie de políticas que dificultan la vida de quienes aún no tienen la ciudadanía, incluso si su ingreso fue regular.

La lista de la muerte

La lista incluía a un menor de 13 años y a siete niños más, lo que generó preocupaciones dentro de la agencia de que la medida pudiera ser excesiva. Según una persona familiarizada con la lista, que pidió anonimato a The New York Times, esta acción ha despertado inquietudes sobre la amplitud de los criterios utilizados.

Un funcionario de la Casa Blanca precisó que casi 1,000 de los migrantes afectados habían recibido beneficios federales por un total cercano a los 600,000 dólares antes de que se les cortara la libertad condicional, incluyendo Medicaid, seguros de desempleo y préstamos federales estudiantiles, con un promedio de 600 dólares por persona.

Aunque la agencia renombró la "lista de muertes" como el “ineligible master file” (archivo de personas inelegibles), no ha desarrollado una nueva forma de marcar a aquellos que pierden el derecho a recibir beneficios. Por el momento, los inmigrantes incluidos están siendo asignados con fechas de muerte ficticias, según dos personas familiarizadas con el proceso.

“Estamos ante una forma de asesinato financiero que empuja a la miseria y a la salida forzada a personas que actuaron conforme a la ley”, declaró Martin O’Malley, exgobernador de Maryland y ahora comisionado de la SSA.

Según O’Malley, el proceso es tan automatizado y opaco que “ya hay evidencia de errores que han afectado a residentes legales e incluso a ciudadanos estadounidenses”.