Una jueza federal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump “facilitar” el regreso de un migrante venezolano identificado como “Cristian”, deportado a El Salvador en marzo, en un procedimiento similar al del salvadoreño Kilmar Ábrego García.
La decisión subraya la creciente tensión entre el Poder Judicial y la administración republicana, en el marco de una ofensiva migratoria que recurre incluso a leyes del siglo XVIII para justificar deportaciones masivas.
Cristian forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 en representación de menores no acompañados que solicitaron asilo al llegar a Estados Unidos. En 2024, las partes firmaron un acuerdo de conciliación que protege a estas personas de ser deportadas hasta que se resuelva su solicitud de refugio. Sin embargo, la deportación del joven se produjo bajo el argumento de que representa una amenaza para la seguridad nacional.
La jueza Stephanie Gallagher, del Distrito de Maryland, resolvió este miércoles que la administración “debe facilitar el regreso de Cristian a Estados Unidos para que pueda recibir el proceso al que tenía derecho bajo el acuerdo de conciliación vinculante de las partes”.
El dictamen advierte que no es suficiente con que el gobierno solicite de buena fe su liberación a las autoridades salvadoreñas.
“Quedarse de brazos cruzados y no tomar ninguna acción no es facilitar. En casos anteriores que involucraban a personas trasladadas de manera indebida, los tribunales ordenaron, y el gobierno tomóv medidas afirmativas para facilitar el regreso”, sostuvo la magistrada.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) argumentó que el tribunal carece de jurisdicción sobre el caso. Gallagher desestimó esa objeción.
“Este argumento no tiene fundamento”, señaló en su resolución, al tiempo que subrayó la falta de pruebas de que Cristian constituya un verdadero peligro para la seguridad nacional.
Los abogados del joven afirman que su expulsión viola el acuerdo judicial de 2024. El gobierno, por su parte, sostiene que Cristian “ya no es elegible para el asilo” debido a su presunta “designación como enemigo extranjero”, sin ofrecer hasta ahora evidencias que sustenten esa clasificación.
En marzo, el gobierno de Trump expulsó a más de 250 personas a El Salvador. La mayoría eran venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Las deportaciones se realizaron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un instrumento legal hasta entonces reservado para tiempos de guerra y no empleado con regularidad desde la Segunda Guerra Mundial.
El Salvador aceptó recibir a los migrantes a cambio de pagos del gobierno estadounidense. De acuerdo con los abogados de algunos de los expulsados, varios de ellos nunca formaron parte de pandillas ni cometieron delitos. Las acusaciones, afirman, se basan en la presencia de tatuajes, algo que no representa una prueba concluyente de afiliación criminal.
El caso de Cristian recuerda al de Kilmar Ábrego García, otro migrante expulsado a El Salvador. La Corte Suprema intervino en su caso y ordenó que el gobierno también facilite su regreso, al reconocer que su deportación ocurrió por un “error administrativo”.
La administración de Trump no parece dar señales de acatar el fallo. Aún acusa a Ábrego García de formar parte de la pandilla MS-13, a pesar del pronunciamiento del máximo tribunal. En paralelo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aliado cercano de Trump, tampoco ofrece cooperación para la liberación o repatriación de los migrantes detenidos.
El sábado, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió de forma indefinida las deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La decisión se produjo después de una oleada de demandas que cuestionan la legalidad y la proporcionalidad del uso de esa norma, considerada por especialistas como una herramienta de excepción.
