El 16 de abril de 2025, el juez federal James Boasberg dictaminó que el gobierno de Donald Trump “ignoró deliberadamente” su orden del 15 de marzo, que suspendía las deportaciones de migrantes bajo la Ley sobre Enemigos Extranjeros de 1798.
La medida debía proteger a 261 personas, en su mayoría venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, durante una vista judicial en Washington.
El magistrado advirtió que las autoridades continuaron la operación “a toda prisa” y, horas después de su fallo, trasladaron a los pasajeros de dos vuelos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel creada por el presidente Nayib Bukele para albergar a presuntos pandilleros. Boasberg consideró que esos hechos constituyen causa probable de desacato penal y otorgó al Ejecutivo hasta el 23 de abril para cumplir su decisión o identificar a los responsables de la desobediencia.
La Corte Suprema levantó el 8 de abril la prohibición de expulsar migrantes amparados por la ley del siglo XVIII, pero lo hizo por razones técnicas: las demandas surgieron en Texas y Boasberg llevó el caso en Washington. El alto tribunal determinó, sin embargo, que los migrantes tienen derecho a impugnar su deportación en los tribunales de sus lugares de detención.
Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, anunció en X una apelación “inmediata” contra las conclusiones de Boasberg.
Hasta antes de marzo, la ley de 1798 solo había servido en tiempos de guerra, sobre todo contra japoneses y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Trump firmó un decreto para usarla contra el Tren de Aragua, declarado organización terrorista por Washington, y acusa sin pruebas a Kilmar Ábrego García de vínculos con MS‑13. El gobierno atribuye el caso de Ábrego a un “error administrativo” tras su expulsión irreversible en 2019.
También este miércoles, el senador demócrata Chris Van Hollen viajó a San Salvador para reclamar la liberación de Kilmar Ábrego García, deportado pese a contar con amparo judicial y declaro que el joven fue "ilegalmente secuestrado y necesita volver a casa.”
El senador insistió en que el gobierno estadounidense violó el estado de derecho y desobedeció órdenes judiciales, una postura respaldada por otros legisladores demócratas que también planean viajar a El Salvador, incluidos Cory Booker, Maxwell Alejandro Frost y Robert García.
El congresista también cuestionó la negativa del gobierno estadounidense de cumplir con el fallo judicial. De acuerdo con la jueza federal Paula Xinis, la administración no proporcionó información suficiente sobre el paradero de Ábrego ni sobre las acciones previstas para facilitar su regreso. En una audiencia reciente, exigió reportes diarios sobre la situación del salvadoreño.
Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele afirmó que tampoco tiene el poder para enviar de regreso a Ábrego.
“Como ya he dicho, el objetivo de mi visita es hablar con la gente de aquí sobre la liberación de Kilmar Ábrego García”, dijo Van Hollen en un video publicado en su cuenta de X. Aseguró que estuvo en contacto con la embajada salvadoreña en Washington, aunque aún no tiene seguro con qué funcionarios se reunirá.
Mientras los demócratas impulsan una ofensiva para repatriar al migrante, legisladores republicanos como Riley Moore viajaron también a El Salvador, aunque en apoyo a la decisión de Trump. En redes sociales, Moore afirmó que visitó el Cecot, donde además de Ábrego están otros 287 deportados —la mayoría venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua— quienes fueron detenidos bajo cargos de terrorismo o crimen organizado sin un proceso judicial claro.
La esposa del migrante, Jennifer Vásquez Sura, pidió públicamente a los presidentes de ambos países que dejen de usar el caso con fines políticos.
“No jueguen políticamente con la vida de Kilmar”, solicitó el martes, previo a la audiencia en una corte federal.
La situación de Ábrego generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el precedente que sienta el uso de leyes antiguas para justificar expulsiones masivas. El senador Van Hollen advirtió que lo que está en juego es el respeto al estado de derecho, independientemente del estatus migratorio.
“Los acosadores empiezan por atacar a los más vulnerables”, sostuvo.
Según el legislador, el Departamento de Seguridad Interior interpreta de forma parcial la orden de la Corte Suprema, al asumir que solo debe remover obstáculos internos y no tomar medidas activas para garantizar el regreso del migrante.
En tanto, la administración de Trump se mantiene firme en su postura: aseguran que ya no tienen jurisdicción sobre Ábrego y que el proceso recae ahora en las autoridades salvadoreñas.
