El abogado de inmigración de Ortiz solicitó alivio humanitario al gobierno de Estados Unidos el 8 de enero, diciendo que ella enfrentaba peligro en El Salvador y que su hijo no tendría acceso a servicios para niños autistas. La petición pedía "discreción procesal" y que el gobierno reabriera y desestimara su caso.
Doce días después, Trump tomó posesión de su cargo y puso en marcha su amplia campaña de represión de la inmigración.
Rosina Stambaugh, abogada de Ortiz, dijo que ella había solicitado una prórroga de 30 días y que estaba considerando formas de luchar contra la multa en los tribunales.
"Es madre de un niño autista, no tiene antecedentes penales, y tienen toda la información sobre sus antecedentes", dijo Stambaugh. "Simplemente creo que es una absoluta locura".
Los abogados dijeron que entre los clientes que recibieron los avisos también había cónyuges de ciudadanos estadounidenses, que estaban intentando activamente legalizar su situación migratoria.
Rosa, una ciudadana estadounidense en Nueva York, dijo que su marido hondureño fue multado con 5,000 dólares. Dijo que su esposo no pudo salir del país después de que se le concediera la salida voluntaria en 2018 porque le diagnosticaron cáncer de útero. Ella espera que una vez que explique la situación, la multa pueda ser condonada. Si no, dice, tendrá que trabajar muchas horas extra para pagarla.
"Es una cosa tras otra", dice. "Todo este proceso nos ha costado mucho dinero".
