Joe Biden, un demócrata que asumió el cargo en 2021, buscó preservar la inscripción existente de TPS y expandir el programa para incluir a cientos de miles de migrantes de otras naciones, otorgando el estatus a personas de Afganistán, Camerún, Etiopía, Líbano, Myanmar, Ucrania y Venezuela, al tiempo que ampliaba la elegibilidad para los haitianos y otros.
Los venezolanos constituían el grupo más numeroso, con más de 600,000 personas que podían acogerse a la protección al final del mandato de Biden. Unos 17 países tenían TPS al final de la presidencia del demócrata, frente a 10 en 2020.
En los días previos a que Biden dejara el cargo, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, concedió 18 meses adicionales de TPS a inmigrantes de El Salvador, Sudán, Ucrania y Venezuela, una medida sin precedentes aparentemente para ayudarles a permanecer en el país tras la llegada de Trump.
Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, rescindió la extensión del TPS para venezolanos de la era Biden poco más de una semana después de que Trump asumiera el cargo, pues la nueva administración no quería estar obligada por la decisión de última hora de Mayorkas y quería erradicar a los presuntos miembros de bandas venezolanas.
La funcionaria puso fin al TPS para unos 348,000 venezolanos a principios de febrero, algo que los puso en trayectoria de perder las protecciones de la deportación y los permisos de trabajo en abril. El resto de los 607,000 venezolanos tienen protecciones que expiran en septiembre, lo que significa que Noem tomaría esa decisión en julio.
Noem rescindió la prórroga del TPS de la era Biden para 521,000 haitianos, de modo que las protecciones expirarían en agosto, salvo moratoria. Tomó medidas similares para afganos y cameruneses.
La orden de la Corte Suprema del lunes podría hacer que los jueces de los tribunales inferiores se muestren más proclives a permitir que se lleven a cabo las expulsiones aunque sean impugnadas ante los juzgados.
Con información de Reuters