Esta legislación, aprobada por la mayoría mínima en el Senado en junio de 2024, prohíbe a cualquier entidad gubernamental local, estatal o federal limitar o infringir estos derechos con leyes que establezcan o impidan la provisión o el acceso a anticonceptivos o información o servicios relacionados. Además, el gobierno federal no podía impedir que las personas ayudaran a otros a obtener anticonceptivos.
La organización señala que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindaban información confiable sobre el control de la natalidad. Destaca el documento "EE. UU. Criterios de elegibilidad médica para el uso de anticonceptivos", que son pautas que permiten a los proveedores de atención médica evaluar qué anticoncepción es mejor para pacientes con afecciones médicas específicas.
A principios de febrero de 2025, estas directrices fueron retiradas en respuesta a la Orden Ejecutiva de Trump que ordena la eliminación de todo el contenido relacionado con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI).
“Los tribunales ordenaron que se restauraran las directrices, pero cuando la administración las agregó de nuevo al sitio web del gobierno, lo hizo bajo un texto que cuestiona perjudicialmente la validez de estas directrices”, señala el organismo.
Los CDC despidieron a cientos de científicos en abril de 2025, incluido todo el equipo que mantuvo la guía.
“Como resultado, se cuestiona la confiabilidad continua de este recurso basado en la evidencia de larga data que garantiza el acceso a un control de la natalidad seguro y médicamente apropiado”, señala el National Women’s Law Center.
Varios esfuerzos estatales también han tratado de limitar el control de la natalidad. En Indiana, los legisladores republicanos eliminaron los DIU y los condones de un programa que tenía como objetivo aumentar el acceso al control de la natalidad, reemplazándolos con "métodos basados en la concienciación sobre la fertilidad”.